Feministas y activistas que integran las colectivas 19 de Marzo y de Por las Mujeres de Puebla se pronuncian en contra de dos propuestas que ha realizado la diputada Nayeli Salvatori Bojalil sobre lo que llamó «falsas desapariciones» y  para regular la Gestación asistida

En primera instancia,  acerca de castigar con sanciones severas a quienes hagan reportes falsos de desaparición, se consideró como una iniciativa negativa, que solo pretende inhibir la denuncia de la ciudadanía.

Al respecto, Yali Figueiras, dijo que, a nivel federal, las actuales políticas públicas en favor de la prevención de las violencias en contra de las mujeres no apoya el punitivismo o el castigo.

Agregó que las autoridades están obligadas a echar mano de todos sus recursos cuando reciben una denuncia para la búsqueda y localización de personas.

«El estado mexicano tiene que garantizar los derechos humanos y el derecho humano a ser buscado en una garantía que no se le puede negar absolutamente a nadie», dijo.

La activista y feminista también recordó que ya existe en la ley una sanción para quienes hagan falsedad de declaraciones ante alguna institución o simular aspectos que parezcan delictivos y no lo son.

«No se puede Inhibir a las familias para presentar una denuncia por desaparición (…) Cuando se habla desde el privilegio y no se conoce a la gente, no se conoce el territorio, cuando no se conoce la pobreza y lo que se vive en las comunidades, se habla desde allá arriba y se legisla sin perspectiva de derechos humanos», dijo.

Asimismo, indicó que se ha comprobado que la única manera para que el Estado y las instituciones aceleren las labores de búsqueda de una persona es mediante el cierre de vialidades.

Por su parte, Sol Cortés, de la agrupación 19 de Marzo, aclaró que la propuesta de Salvatori Bojalil solo está en dichos, pues todavía no existe en algún documento y resaltó que no ha tomado en cuenta a familias buscadoras o agrupaciones.

Abundó que inhibe el derecho humano de ser buscado, el cual no solamente está establecido en la Constitución Mexicana, sino también en tratados internacionales

Y pidió a las y los integrantes del Congreso de Puebla ser responsables con sus palabras, porque pueden generar discursos de odio como lo que está ocurriendo con el caso de Lidya Valdivia Juárez.

Colectiva 19 de Marzo exige echar para atrás propuesta de Gestación asistida

Por otra parte,  la colectiva 19 de Marzo exigió al Congreso de Puebla que deseche la iniciativa de Gestación asistida propuesta en 2025 por la diputada que preside la Comisión de Salud, Nayeli Salvatori Bojalil, pues subrayaron que abre la puerta a la explotación mercantil de los cuerpos de las mujeres en situación de pobreza.

«No permitiremos que Puebla se convierta en un paraíso de turismo reproductivo a costa del útero de las más pobres; los cuerpos de las mujeres y de las infancias no son mercancías, no son fábricas y no están a la venta», acotaron.

En rueda de prensa, revelaron que la legisladora de Morena puso sobre la mesa dicha propuesta sin tomar en cuenta a ninguna agrupación feminista o a otro tipo de organizaciones de mujeres.

Abundaron que representa un retroceso en materia de Derechos Humanos, además de que carece de perspectiva de género y de infancias.

«El derecho de formar una familia no puede estar por encima de la integridad de otra persona. Exigimos al gobierno de Puebla invertir en salud reproductiva ética, que no dependa de la explotación de terceras personas», manifestaron.

Cuestionadas acerca de si existe una reforma similar en alguna otra entidad federativa del país, respondieron que en Tabasco hay una propuesta similar, pero aclararon que todavía no está en el código civil estatal.

Las activistas también detallaron que la iniciativa de Nayeli Salvatori plantea que las mujeres renuncien de manera irrevocable a su derecho de filiación y a su autonomía reproductiva antes incluso del parto.

En se sentido, indicaron que es un contrato abusivo, que niega el derecho a decidir y que presiona a la mujer a no poder interrumpir el embarazo o a entregar al bebé contra su voluntad, lo cual es una forma de esclavitud moderna.

Agregaron que promueve el tráfico de menores, pues propone que intermediarios y clínicas lucren con la transferencia de un recién nacido.

 

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