Los integrantes de la organización “Agua para Todos, Agua para la Vida”, afirmaron que no participaron los verdaderos habitantes de las comunidades afectadas, por lo que sigue oposición al proyecto.
A pesar de que en los resultados oficiales de la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM) ganó el SI, en Tlaxcala existe rechazo a la puesta en marcha del gasoducto que atraviesa por comunidades de nueve municipios de la entidad, porque pone en riesgo a más de 50 mil personas.
Por lo anterior, el Coordinador Nacional de la organización “Agua para Todos, Agua para la Vida”, Eduardo Hernández denunció que los resultados de la consulta que organizó el Gobierno Federal los días 23 y 24 de febrero con respecto al futuro del PIM, son ilegítimos, por ende rechazados por los pueblos, ya que la mayoría de los habitantes de los nueve municipios de Tlaxcala, 15 de Puebla y 36 de Morelos decidieron no participar.
En ese sentido, existe duda respecto a quiénes fueron las cuatro mil 304 personas que en Tlaxcala emitieron su voto a favor del Proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que 660 rechazaron el proyecto, y 17 sufragios fueron anulados, en total el Gobierno Federal aseguró que en el plebiscito participaron cuatro mil 981 habitantes de los nueve municipios de Tlaxcala.
En ese sentido, Eduardo Hernández agregó que aún existe un tema por resolver que son los amparos que interpuso el Frente de Pueblos Morelos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla y Tlaxcala, por lo que tendrán que esperar que sean resueltos por tribunales federales para saber cuál será el paso a seguir en este tema.
“Se debe resolver primero y después los mismos compañeros del Frente decidirán cuál será el rumbo a seguir, si habrá movilizaciones o cuál será la estrategia, ellos han seguido el curso legal, han hecho uso de su derecho a la protesta y a la información y petición pero pocos resultados ha habido”, declaró.
Por lo pronto, comentó que el PIM ya está en un 90 por ciento de su construcción no obstante aún hay mecanismos legales que deben resolverse para poder operar ese proyecto que significó una inversión de 100 mil millones de pesos pero que tiene más cosas negativas que a favor.
“Nosotros no vemos que la operación de la termoeléctrica por una empresa española sea de beneficio en el PIB, lo más es que para la federación podría tener como beneficio sólo el pago de la concesión, fuera de ello no vemos que vayan aportar más allá del 2 por ciento de sus ganancias al PIB, sería un dinero a corto plazo y a largo plazo no habría beneficios”, explicó.
Además, indicó que si no se desvía el gasoducto durante su operación se podría en riesgo a unas 50 mil personas de los nueve municipios de Tlaxcala por alguna explosión o robo del combustible, tomando en consideración que el PIM está asentado en una zona volcánica y altamente sísmica.