El 15 de mayo se cumplen cuatro años de que la residente de pediatría del HNP apareciera ahorcada en el departamento que rentaba.

María Patricia Becerril Gómez, madre de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, exige la renuncia de la Fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Género, Raquel Avendaño Fernández, por su incompetencia para resolver el feminicidio de su hija, el cual está registrado como suicidio.

Conteniendo las lágrimas, esta mujer, su esposo y su hijo, provenientes de la Ciudad de México, exigen que el Fiscal General del Estado (FGE) de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, acate el fallo de un Juez Federal que ordenó que la muerte de su hija se investigue con perspectiva de género.

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Acompañados por el asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCFN), Carlos Olvera González y de integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, por la mañana realizaron una conferencia de medios, seguida de una marcha en las calles del centro histórico de Puebla, para concluir con el cierre simbólico de la FGE.

Becerril Gómez llamó a Higuera Bernal a responder la carta pública que emitió el 3 de febrero de 2022 en donde se indica el plazo de tres meses para que la FGE les presente un plan metodológico de investigación con perspectiva de género, plazo que vence este 3 de mayo de 2021.



En Puebla los feminicidios los convierten en suicidios para bajar las estadísticas. No soy la única madre en esta situación, no somos la única familia que exige justicia en esta Puebla feminicida. Las funcionarias especializadas en Delitos de Género ni porque son mujeres son sensibles a la desgracia que vivimos. Si no pueden que renuncien. Las hijas de los funcionarios de Puebla andan escoltados y nuestras hijas muertas sin saber quién las asesinó”

El asesor legal reiteró que cuentan con las pruebas necesarias para determinar que no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio, señalando que las pruebas biológicas que perdieron los peritos de la FGE en los primeros peritajes, es una forma de declarar improcedentes las investigaciones de violencia de género.

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Cabe señalar que la presencia de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta fue para evitar que los familiares de Zyanya fueran agredidos por policías ministeriales como sucedió el pasado 21 de mayo de 2021, cuando Patricia Becerril se encadenó, simbólicamente, en la puerta de la FGE para exigir justicia.

El próximo 15 de mayo se cumplen cuatro años de que la residente de pediatría del Hospital del Niño Poblano (HNP), quien tenía 26 años de edad, apareciera ahorcada en el departamento que rentaba.

El 6 de agosto de 2018, los familiares de Zyanya cuestionaron la versión del suicidio e interpusieron un recurso legal para que la fiscalía hiciera una reconstrucción de hechos.

La familia indicó que la autoridad investigadora actuó de manera negligente, ya que no se resguardó el domicilio donde fue encontrado el cuerpo, ni se solicitaron los vídeos del estacionamiento del fraccionamiento donde vivía.

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En octubre de 2018, los familiares denunciaron que la carta póstuma, presuntamente hallada por la compañera de casa de Zyanya, no correspondía con la letra de la fallecida, según un peritaje grafológico.

La familia señaló más irregularidades en la actuación de la fiscalía, como acoso a testigos, mal manejo de muestras de sangre, e incluso manipulación del teléfono móvil de la víctima, ya que el número telefónico de Zyanya se salió de varios grupos de WhatsApp después de la fecha de su muerte.

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