Samira Alejo Mendoza tiene más de un año y medio peleando ante tribunales el pago de la pensión alimenticia al padre de sus dos hijos, Daniel Alberto Pérez María, actualmente delegado de la Secretaría de Gobernación en Tepeaca.

La mujer, ante la negativa del hombre a cumplir con el pago de la pensión y una serie de amenazas, decidió hacer público su caso en redes sociales donde recordó que se separó de él porque durante 11 años la violentó física y psicologicamente. 

Samira afirmó que Pérez María es un deudor alimentario moroso por lo que no se le puede permitir seguir  laborando en el gobierno estatal.

«Pido el apoyo del Señor gobernador Sergio Salomón Cespedes Peregrina y al Lic. Julio Huerta, secretario de gobernación y a las instancias correspondientes», escribió en su muro de Facebook donde además publicó fotografías de los golpes qué recibió por parte del funcionario estatal en Tepeaca.

«Hoy decido alzar la voz ya que durante 11 años fuí víctima de violencia familiar, siendo violentada física y emocionalmente por parte de mi ex pareja el C. Daniel Alberto Pérez María quién desempeña un cargo público como delegado en el estado de Puebla».

«La decisión de hacer pública mi situación va más allá de guerra de egos.  Hoy lo único que busco es el bienestar de mis dos menores hijos y el mío».

Fue desde el 9 de noviembre del 2022 que Samira decidió hacer público el incumplimiento de pago de pensión alimenticia para sus hijos. Tras esto fue denunciada por difamación y extorsión, y  se formuló una demanda para requerir la guardia y custodia de los menores. 

«He decidido hacer mediático mi caso ya que el C. Daniel Alberto Pérez María ha abusado de su cargo como delegado en el estado de Puebla haciendo mal uso del mismo; facilitándole influencias. Sirviendo para entorpecer los procesos legales y por ende bloqueando por completo cualquiera de mis intentos por pedir lo que por ley les corresponde a mis hijos», señaló la mujer.

En respuesta a esta última publicación, la abogada del funcionario, Maricarmen Velasquez, confirmó en redes sociales que, desde el 16 de noviembre de 2022 se promovió un juicio de guarda y custodia contra Samira, porque desde el mes de abril de ese año no permite la convivencia con los menores. En el caso del pago de la pensión alimenticia afirma que sí se ha cumplido.

En la publicación, la abogada afirma que los hombres también sufren violencia, esto al sostener que, en año y medio de pelea Jurídica se ha evitado la convivencia del funcionario con sus hijos. 

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