Familiares de la víctima y defensores de derechos humanos afirman que funcionarios y agentes entorpecieron la investigación de la carpeta CDI-1711/2018/TEHUA, integrada por el ministerio público Jair Ruiz Guadalupe.
El comandante de la Policía Municipal de Santa María Coyomeapan, Nicolás Quintana Coello fue vinculado a proceso por el feminicidio de su esposa Esther, sobre la que vació su arma de fuego. Hasta ayer, la protección de la alcalde y del candidato a la presidencia David Celestino Rosas, le habían mantenido en impunidad.
Integrantes de la organización Movimiento de Auto Gestión Social Campesino Indígena Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MASCIP CNPA MN) y representantes del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CEDHAE), confirmaron que se dictó auto de formal prisión en tanto se lleva a cabo la audiencia de sentencia programada para el próximo 25 de septiembre.
Desde temprana hora, pobladores de Coyomeapan e integrantes de las organizaciones realizaron un plantón frente a la Casa de Justicia de Tehuacán durante la audiencia celebrada ayer, denunciaron que el comandante en funciones de la Policía Municipal de Coyomeapan, que en paralelo fungía como guardaespaldas del candidato de Acción Nacional, David Celestino Rosas, ex presidente del municipio y hermano de la actual alcaldesa, Araceli Celestino Rosas, gozaba de impunidad al amparo de ambos personajes.
“Venimos a exigir justicia para nuestra compañera integrante de MASIP CNPA MN asesinada por el comandante de policía de Coyomeapan que en realidad funcionaba como gatillero del candidato actual a la presidencia municipal y que desde el ayuntamiento se ha obstaculizado el proceso”, acusó José Luis Leyva, líder del (Mascip Cnpa MN) en la Sierra Negra de Puebla.
El líder de la organización campesina acusó que funcionarios del ayuntamiento y agentes entorpecieron la investigación de la carpeta CDI-1711/2018/TEHUA, integrada por el ministerio público Jair Ruiz Guadalupe. Señalaron que además del cerco de parte de la presidencia que obstruyó los procesos de justicia, tanto elementos de la policía como funcionarios de la Comuna hostigaban a familiares de Esther con amenazas de muerte si no hacían que el caso fuera detenido y olvidado.
El líder de MASIP CNPA MN como Violeta Valdés Secretaria Técnica del CEDHAE exhibieron las irregularidades del brutal asesinato que aunque ocurrió del pasado 10 de junio a las 11 de la noche, el levantamiento de cadáver se realizó hasta el lunes 11 a las 10 de la noche, 23 horas después.
Narraron que vecinos fueron testigos de una violenta discusión entre la pareja que terminó con dos detonaciones de arma de fuego, luego vieron salir al comandante de la policía con su pequeña de cinco años, presumiblemente testigo del crimen de su madre. Luego del evento, agentes de la Policía Municipal resguardaron la casa de Esther y no permiten que nadie accediera al perímetro, pese a los ruegos de familiares y amigos.
El acceso finalmente fue concedido a un abogado del ayuntamiento quien estableció, luego de la revisión del lugar, que Esther se habría suicidado con un arma de fuego, versión que se dio a los familiares.
Leyva reveló que la línea de investigación del caso que en principio era suicidio se modificó y derivó feminicidio luego que las organizaciones intervinieron y denunciaron los hechos públicamente en una rueda de prensa.
Valdés señaló que la FGE también trató se enmascarar el caso, pues el mismo día de la denuncia ante medios de comunicación, la FGE emitió un boletín que informó que se había asegurado a un feminicida en Coyomeapan, pero no detallaron el cargo y no se mencionó el primer peritaje que señalaba suicidio.
El encubrimiento de los hechos se hizo también de parte de autoridades oficiales, pues a pesar de existir pruebas del maltrato y violencia permanente y constante. “La autopsia realizada al cuerpo de Esther Pacheco reveló golpes y huellas de violencia que habrían sido infringidas tiempo atrás. Era un cuerpo torturado y había oficialmente pruebas de esto”, dijo Leyva.
Estas inconsistencias fueron denunciadas ante el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, al que se le solicitó que las investigaciones fueran realizadas conforme a derecho.
Finalmente ayer, un Ministerio Público enviado desde esta capital y la juez confirmaron la responsabilidad del comandante de la policía en el feminicidio que ocupa el lugar 55 en la estadística de este año.
Representantes de las organizaciones lamentaron que el elemento de seguridad hubiera aprobado el examen de control y confianza e informaron que en los próximos días se solicitará que se exhiba la licencia del arma de cargo y se especifique si es del arsenal de la Policía de Coyomeapan.