La audiencia de vinculacióna proceso se celebrará mañana jueves en la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la facultad para desistirse de la acción penal iniciada contra el defensor del medio ambiente Miguel López Vega, detenido el pasado 24 de enero, el encargado de despacho Gilberto Higuera Bernal optó por dejar esa responsabilidad en manos de la audiencia de vinculación a proceso, que se celebrará mañana jueves en la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula.
Carlos Flores Solís, abogado que integra la defensa del líder comunitario, explicó que Higuera Bernal —quien busca ser titular de la Fiscalía— prefirió no ejercer otra de sus facultades y no permitió que el comunicador llevase su proceso en libertad.
“Las facultades que tiene el fiscal para sacar a Miguel, decidió no ejercerlas.” Comentó que éste fue uno de los acuerdos a los que llegó la comisión de pobladores de Santa María Zacatepec con la Secretaría de Gobernación el domingo pasado.
Niegan un problema de competencias
En la minuta del encuentro entre Gobernación y la Comisión de pobladores —así como en un boletín publicado al término de la reunión—, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, aseguró que el gobierno del estado no participó en las acciones que llevaron a la detención de Miguel López Vega.
Sin embargo, revira la defensa, una de las declaraciones que fueron integradas a la Carpeta de Investigación (CDI) pertenece a un funcionario público de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), por lo que el argumento de que se trata de un problema de competencias institucionales no se sostiene.
“Son dos de los interesados en que se concluya la obra de descargas pluviales e industriales quienes están involucrados en el caso —además del funcionario del Ceaspue, un trabajador del parque industrial Ciudad Textil—; ése es el patrón de criminalización que se utiliza y ahí se ve la intervención del Gobierno del Estado, porque sus trabajadores son los que están fabricando esos delitos.”
En solidaridad con quien para algunas organizaciones de la sociedad civil es el primer preso político del gobierno estatal, se tienen previstas una serie de movilizaciones a nivel nacional para el 30 de enero, día de la audiencia.