“La tortura perjudica más, independientemente de quien la padece y su entorno, a las y los servidores públicos”, Carlos Garduño.
A 20 meses de la aprobación de la Ley General para Prevenir la Tortura o Ley Antitortura, nueve de cada 10 funcionarios públicos no la conocen, lo que hace difícil su cumplimiento y facilita que se siga cometiendo como método de investigación.
Este día se llevó a cabo la conferencia denominada “Prevención de la Tortura” en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que organizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y que estuvo dirigida a servidores públicos de los 60 Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, en especial a miembros de las áreas de seguridad pública, procuraduría y Poder Judicial local.
Ahí, el Director General Adjunto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Carlos Garduño Salinas consideró que de junio de 2017 cuándo fue aprobada la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que es aplicable a las entidades federativas del País, el 90 por ciento de los servidores públicos la desconocen.
Explicó que en esa ley general “se establecen por lo pronto tres delitos el de tortura, maltrato y omisión de denunciar tortura, ese delito es válido desde Baja California hasta Yucatán y desde luego pasando por Tlaxcala, antes cada entidad federativa en su Código Penal tenía su definición del delito de tortura pero esto ya cambió, ahora es un solo delito que es vigente en toda la República Mexicana y a nivel federal”.
Es por eso que se inició con la capacitación a las y los servidores públicos para evitar que continúen cometiendo actos crueles e inhumanos se sigan implementando como método para sacar verdades y clarificar delitos, generando con ello nuevas víctimas y alejando la administración de justicia, protección y reparación del daño a las víctimas.
Además, Garduño Salinas recalcó a los servidores públicos que acudieron a la ponencia que con la implementación de esos mecanismos lo que provocará, únicamente, generará que quede impune la comisión del delito, y se trata de personas inocentes un juego ya no podrá definir porque en el proceso se cometió tortura.
“¿A quién perjudica más la tortura, independiente de la víctima que la padece y el entorno social, quien más lo va a padecer somos nosotras y nosotros los servidores públicos, porque derivado de estos actos se va a iniciar una carta de investigación por tortura, se inicia un expediente ante los órganos internos de control y además una queja ante los organismos públicos de Derechos Himnos pueden ser locales, nacionales o internacionales”, subrayó.
Mostró a los funcionarios públicos diversos materiales donde se denuncian actos crueles por parte de diferentes servidores públicos, y les recordó que en México se considera que existe tortura generalizada y al menos en 12 ocasiones ha recibido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) por hechos de tortura.
Además refirió que en el Encuesta Penitenciaria del INEGI, el 75 por ciento de las personas que son privadas de la libertad sufrieron algún tipo de violencia psicológica consistente en incomunicación, fueron desvestidas, vendadas de los ojos, les impidieron respirar, entre otras; en esa misma encuesta señala que el 63 por ciento segura que sufrió agresión física consistente en golpes, puñetazos,golpes con objetos, quemaduras, lesiones con arma blancas y otras; todo al momento de la detención.
Y otra situación es la que atraviesan cuando ya están en la cancha de la procuraduría con un Ministerio Público, ahí dice que el 62 por ciento de la Población que estuvo privada de la libertad al momento de rendir su declaración 42 por ciento aseguró que fue presionada por los policías o de otras autoridades para dar otra versión de los hechos.
Por eso subrayó que es importante que los servidores públicos se capaciten para evitar caer en esas conductas.