Violeta Lagunes, dijo que dos licitaciones se declararon desiertas, y se entregó el contrato a Formas Inteligentes SA de CV, pese a que no cumplió con la calidad requerida.
Lo vocera de la organización nacional Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, denunció este día ante distintas instancias, el proceso irregular para la adquisición de placas de circulación y calcomanias de identificación, por el que el Gobierno del Estado, pretende otorgar a una empresa el contrato por 90 millones de pesos, pese a que las muestras incumplen con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016.
Se trata de un proceso de juicio político ante el Congreso Federal, así como denuncias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Contraloría del Ejecutivo, el Sistema Estatal Anticorrupción, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y la Secretaría de la Función Pública, por violaciones a la Carta Magna, y a diversas disposiciones federales y locales, por el indebido manejo y aplicación de fondos locales.
La activista, detalló que el Gobierno del Estado, lanzó en este año, dos licitaciones públicas, identificadas con los expedientes GET-LPM-046/2019 y GET-LPN-103/2019, para la adquisición de 440 mil placas vehiculares para todas las modalidades de transporte en la entidad, por un monto de 90 millones de pesos.
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Sin embargo, sostuvo que ambos procesos se declararon desiertos, ya que las empresas participantes, no cumplieron con los requisitos establecidos en la norma; entre ellas la empresa Formas Inteligentes SA de CV, a quien el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le evaluó las muestras enviadas, y determinó en ambos procesos que la placas metálicas y los hologramas no cumplen con las especificaciones en la norma, como fue que el holograma contaba con un código QR impreso y no grabado con láser, ya que éste sólo estaba impreso en la película protectora, además de que las placas metálicas no cuentan con material reflejante, entre otras deficiencias.
No obstante, a pesar de estas inconsistencias, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), José Luis Ramírez Conde, lanzó en septiembre pasado, unas nuevas bases para adjudicar de manera directa el contrato a esta empresa para el reemplacamiento y entrega de hologramas de identificación que le asigna la fabricación de las placas metálicas.
Sin embargo, pide iniciar con el proceso de certificación de sus muestras ante la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT federal, quien le reitera a la empresa, que su solicitud no es procedente ya que las pruebas de las placas metálicas, presentan desprendimientos de la película protectora, y el código QR no es grabado con láser, y le otorgó 10 días, para entregar otras muestras.
De esta manera, señaló que por acuerdos políticos, el Gobierno del Estado a través del mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez, y la SECTE, han buscado establecer un proceso a modo para favorecer a esta empresa; además indicó que en la ciudad de Puebla, corre el rumor de que el hermano del gobernador, Fabricio Mena, se estaría beneficiando de este proceso por un monto de 10 millones de pesos.
Se esta manera, indicó que debido a la violación al proceso de licitación, y a la Ley de Adquisiciones, y diversas normatividades, ha promovido este procedimiento en contra del titular del Poder Ejecutivo local, así como en contra de los titulares de la SECTE, José Luis Ramírez Conde, de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Alejandra Nande Islas; de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), Luis Miguel Álvarez Landa, así como la Directora de Adquisiciones de la SPF, Guadalupe Pérez, entre otros.