Puebla y Tlaxcala obtuvieron 0.37 y 0.40 puntos, lo que las ubica en las posiciones 27 y 19 en el ranking nacional, respectivamente
Los gobiernos de Puebla y Tlaxcala tienen bajo nivel de estado de derecho, es decir, las instituciones de contrapeso son débiles, impera la corrupción y la inseguridad con escaso respeto a los derechos fundamentales, revelan los resultados del Índice de Estado de Derecho (IED) en México 2021-2022 de World Justice Project (WJP).
Con la medición en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al estado de derecho y 0 la menor adhesión a las leyes y respeto de los derechos fundamentales por parte de las instituciones, Puebla y Tlaxcala obtuvieron 0.37 y 0.40 puntos, lo que las ubica en las posiciones 27 y 19 en el ranking nacional, respectivamente, y nivel medio bajo en la adhesión al estado de derecho.
La organización civil evaluadora analizó los resultados sobre el acceso de las personas a la justicia, el índice delictivo y la capacidad de las instituciones para controlar la delincuencia, el acceso y garantía a los derechos fundamentales, el fortalecimiento de los poderes judicial y legislativo y su función de contrapeso del poder Ejecutivo, así como la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa también como contrapesos del poder.
Puebla obtuvo el menor puntaje en el subíndice de justicia penal, es decir, tiene baja eficacia en la investigación penal, un sistema penitenciario débil para garantizar los derechos humanos y una procuración e impartición de justicia medianamente eficaz.
Por otro lado, obtuvo calificaciones de 0.32 en orden y seguridad, 0.33 en justicia civil y ausencia de corrupción, 0.38 en límites al poder gubernamental, 0.39 en cumplimiento regulatorio, 0.42 en derechos fundamentales y 0.51 en gobiernos abierto.
En los subíndices, Puebla tiene las calificaciones más bajas por la debilidad de los organismos de control eficaz al interior del gobierno, además hay una percepción ciudadana de poca ausencia de corrupción en los tres poderes estatales, no ha logrado detener la discriminación, ni garantizar los derechos laborales.
Otros de los aspectos que colocan a Puebla como el sexto peor calificado en estado de derecho, es que las personas encuestadas dijeron no sentirse seguros, además de que saben de la presencia del crimen organizado y de la alta tasa de homicidios dolosos.
En el caso de Tlaxcala, obtuvo la menor calificación en ausencia de corrupción con 0.32, justicia social 0.35, cumplimiento regulatorio 0.36, justicia penal 0.36, gobierno abierto 0.39, orden y seguridad 0.43, límites al poder gubernamental 0.46 y derechos fundamentales 0.51 puntos.
Los temas donde Tlaxcala no puede superar la percepción negativa de los ciudadanos, es en la no eficacia de las instituciones con débiles órganos de control, la poca participación ciudadana que sugiere un gobierno estatal cerrado y opaco, poca eficacia en las investigaciones judiciales, poca procuración de justicia, las personas no conocen sus derechos y hay discriminación entre los pobladores.