Trabajadores, abogados laboristas y líderes sindicales, entre ellos Leobardo Soto, de la CTM, bloquearon la 31 poniente, entre 29 y 31 sur, debido al cierre de la Junta Especial Federal Número 33 de Conciliación y Arbitraje.
La protesta se dió en el arranque de acciones civiles y jurídicas para evitar el traslado de aproximadamente 10 mil expedientes sin resolver a los tribunales laborales de Oaxaca y Tlaxcala.
Uno de los inconformes mencionó que lleva siete años buscando que la armadora Volkswagen le haga válida una incapacidad total por accidente; añadió que el cierre de la Junta especial con sede en Puebla le significaría una mayor afectación económica.
El bloqueo de la avenida 31 Poniente causó molestia entre algunos automovilistas, en particular, un hombre que insultó a los participantes tras asegurar que tenía urgencia de llevar a su esposa embarazada al hospital.
Al corte de esta publicación, las y los manifestantes mantenían cerrada la vialidad referida en líneas anteriores y amagaron con continuar así hasta que tuvieran una respuesta a sus demandas.
Trabajadores temen desalojo de Guardia Nacional
Como parte de las acciones contra el cierre de la Junta Especial Número 33, abogadas y abogados del gremio laboral decidieron resguardar los diez millares de expedientes que se encuentran en el inmueble.
No obstante, expresaron su temor de que arribe la Guardia Nacional para desalojarlos con el uso de la fuerza pública.
Afirmaron que fue arbitraria e ilegal la decisión del presidente de la Junta con sede en Puebla, Ricardo Paz Ugalde, de colocar un «boletín» el pasado 17 de junio en la reja de protección de acceso a las instalaciones, con el cual informaba que dicho tribunal se suprimía y los procedimientos pasarían al estado de Tlaxcala y Oaxaca.
«Esta decisión es arbitraria, ilegal, inconstitucional e inconvencional pues violenta flagrantemente los derechos humanos de las y los actores, principalmente el de acceder de manera pronta, expedita y próxima geográficamente», expresaron.
Algunas abogadas comunicaron que, a nivel nacional, una comitiva de sus colegas y de trabajadores acudieron a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exponer sus peticiones.
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