Los habitantes detuvieron a una persona armada, de un grupo de cuatro, quienes tenían la encomienda de asesinar a 11 defensores indígenas; en el celular del detenido han recibido mensajes de texto con múltiples amenazas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares a autoridades del gobierno de Puebla y al comandante de la Guardia Nacional en esa entidad, para salvaguardar la seguridad, vida e integridad personal de los pobladores del municipio de Coyomeapan, debido a que han recibido amenazas de ataques violentos. Los sucesos iniciaron el 14 de diciembre, cuando los habitantes del mencionado municipio detuvieron a cuatro personas armadas que ingresaron a la comunidad con la supuesta intención de asesinar a 11 defensores indígenas.
Sin embargo, tres de los cuatro detenidos lograron escapar, quedando una persona bajo custodia de los pobladores. Posteriormente, habitantes del municipio recibieron amenazas, a través del teléfono celular de la persona detenida, en las que se asegura que, de no liberarla, personas armadas volverán “a terminar el trabajo para el que fueron contratados”, motivando con ello que el colectivo nacional “Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos” solicitara la intervención de este Organismo Autónomo, a través de un escrito de queja.
En dicho documento se menciona que autoridades de esa entidad federativa tienen conocimiento de la problemática, pero no han realizado acción alguna, motivo por el cual se solicitó la intervención de la CNDH, para que se investiguen los hechos señalados y les sea otorgada la protección necesaria, pues se tiene el temor de que ocurra un atentado en las próximas horas. Estos hechos de violencia ocurren en un contexto de conflicto político emanado de las pasadas elecciones del 6 de junio, así como de la detención de un grupo de defensores indígenas de ese municipio.
Por lo anterior, la CNDH solicita al gobernador constitucional de Puebla,Miguel Barbosa Huerta, así como a las secretarias de Gobierno y de Seguridad Pública, y al comandante de la Guardia Nacional, que realicen las acciones pertinentes y eficaces que garanticen la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes del municipio de Coyomeapan; que, en coordinación con las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, instalen de manera permanente módulos de vigilancia en las inmediaciones y al interior del municipio, y coordinen de manera inmediata mesas de diálogo y concertación que permitan los consensos necesarios para garantizar la paz y estabilidad social en el municipio, todo ello con respeto irrestricto a los derechos humanos y desde un enfoque de interculturalidad y de género.
Al fiscal general de la entidad se le solicita que realice, sin dilación alguna, las investigaciones de los hechos suscitados el 14 de diciembre de 2021, por tratarse de probables delitos, a fin de determinar la responsabilidad de las personas involucradas.
Además, que garantice a través de los mecanismos y protocolos aplicables, la máxima protección de las 11 personas que defienden los derechos humanos en favor de las comunidades indígenas, a quienes, en caso de ser procedente, se les deberá otorgar la calidad de víctimas, para efectos de la reparación integral del daño y garantía de no repetición.
Al comandante de la Guardia Nacional se le solicita la instalación permanente de módulos de vigilancia en el municipio de Coyomeapan y que refuerce los mecanismos en materia de seguridad pública, lo anterior de manera coordinada con las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, y, de ser posible, con la participación y acuerdo de los habitantes. Las medidas cautelares deberán implementarse por un plazo de 30 días, el cual podrá prorrogarse en caso de ser necesario, previa valoración de los hechos.