La recomendación 99/2022 está dirigida a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al titular de la Fiscalía de Querétaro y a la Fiscalía General de la República (FGR)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación al gobierno de Tlaxcala por vulnerar el derecho a la justicia de una mujer desaparecida y localizada en la entidad, y contra otras siete personas probables víctimas de trata durante 2019.
La recomendación 99/2022 está dirigida a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al titular de la Fiscalía de Querétaro y a la Fiscalía General de la República (FGR) por diversas violaciones a los derechos humanos, específicamente, por la violación de los derechos de una mujer que estuvo 15 años desaparecida y fue rescatada junto con tres hijos en Tlaxcala.
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De acuerdo con el documento, la mujer rescatada en la entidad denunció ante la FGR los delitos de matrimonio forzado y servil y trabajo forzado, denuncia que fue encauzada a las autoridades de Tlaxcala una vez que la fiscalía se declaró incompetente.
La recomendación detalla que una semana antes de la denuncia, la mujer fue agredida sexualmente, delito que se sumó a los otros tres. Al respecto, la CNDH acreditó que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) no tomó en cuenta los exámenes ginecológicos y psicológicos necesarios para obtener pruebas e indagar la agresión sexual denunciada cuando recibió la carpeta de investigación iniciada por la FGR, por lo que se acreditó la falta de debida diligencia.
Además, personal de la PGJE, dilató el proceso de investigación y omitió integrar procesos y pruebas; por ejemplo, no solicitaron los informes ni tomaron en cuenta los datos entregados por la FGR para agotar las líneas de investigación y el Ministerio Público no entregó a tiempo los informes ni informaron sobre el estatus de la investigación a la víctima.
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Por ello, la CNDH ha pedido a la PGJE y al gobierno del estado que continúe con la debida integración de la carpeta de investigación y practique a la brevedad las diligencias para esclarecer los hechos y proceda con la acción penal.
Asimismo, pidió al gobierno inscriba a la víctima al Registro Nacional de Víctimas para la reparación del daño, y que el órgano interno de control dé seguimiento a las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos que incumplieron con su obligación.
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La recomendación además solicita al gobierno de Tlaxcala elabore una circular en la que instruya a los implicados y a las servidoras públicas de la PGJE que implementen las acciones para proteger la identidad de la víctima y de las siete probables víctimas de los delitos de trata de personas con investigaciones abiertas en Querétaro.
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