A casi 27 meses de la detención ilegal de las periodistas de Izúcar de Matamoros, Natalie y Michelle Hoyos López, la exalcaldesa Irene Olea Torres ha sido llamada a comparecer por presunta falsificación de documentos y declaraciones, así como por el supuesto encubrimiento de los servidores públicos municipales que están señalados de agredir a las comunicadoras de La Mixteca.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR) promovió la formulación de audiencia inicial para la imputación de Olea Torres.

Mediante sus redes sociales, Michelle Hoyos López confirmó que la presunta autora intelectual de la detención de ella y su hermana ha sido llamada a la justicia.

«Deberá ser imputada este lunes por el hecho con apariencia de delito de falsificación de documentos y declaraciones falsas a una autoridad. Todo esto, con el fin de encubrir nuestro caso de abuso de autoridad y tortura realizado por sus policías municipales, bajo las órdenes de ella», dijo.

La periodista explicó que el órgano encargado de notificarle oficialmente a Olea Torres la formulación de imputación es el Centro de Justicia Penal Federal.

Sin embargo, precisó que debido a la alta carga de trabajo que enfrenta dicha institución, la responsabilidad de notificar se delega a los jueces de cada municipio.

En este caso, corresponde al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, cuya titular actual es Kenia Salgado Covarrubias.

No obstante, aunque desde hace una semana recibió un exhorto para cumplir con el procedimiento, hasta el momento no ha girado la notificación correspondiente ni ha informado sobre el avance del trámite.

«Esta omisión podría significar una falta grave, ya que la notificación debe realizarse con fundamento en los artículos 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales», subrayó.

Acerca de la medida cautelar de prisión preventiva para seis de los 11 servidores públicos vinculados a proceso por su caso, respondió que presentaron más de 20 amparos en distintos tribunales, en un presunto intento desesperado por evitar la justicia.

Hoyos López cuestionó quién está financiando dichos amparos, pues explicó que ese tipo de recursos no son económicos.

Acerca de si tiene conocimiento del paradero actual de Irene Olea Torres, mencionó a este reportero que sigue asentada en Izúcar de Matamoros sin preocupación alguna.

«Ella, a dos años de nuestra agresión, ha estado como si nada, como sino debiera nada y prácticamente diciendo a diestra y siniestra que a ella nunca la van a tocar«, manifestó.

Es el lunes 9 de junio cuando Olea Torres está citada para audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

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