El día de ayer se celebró una audiencia sobre revisión de medida cautelar para Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla, y procesado por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
La Jueza Segundo de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, determinó revocar la prisión preventiva justificada en la que ha estado Mario Marín, implicando su salida de prisión.
Aunque ARTICLE 19 reconoce que la prisión preventiva oficiosa, como política punitiva de Estado en cientos de casos, puede ser violatoria a los derechos humanos en este país, existen situaciones particulares como la presente, donde, se amerita esta medida.
En el caso actual se han presentado por la defensa de Lydia Cacho una serie de pruebas que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima, una mujer periodista víctima de tortura.
Cabe mencionar que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con 167 periodistas asesinadas y asesinados y al menos 31 personas periodistas que permanecen desaparecidas.
La jueza determinó imponer las siguientes medidas a Marín:
- Una garantía económica,
- prohibición de salir del país,
- prohibición de acercarse a la víctima,
- vigilancia y resguardo domiciliario, así como
- un brazalete electrónico.
Cabe recordar que, esta misma semana, el pasado 6 de agosto, el también procesado por el delito de tortura, Hugo Karam, ex director de la policía judicial en Puebla, salió de prisión derivado de una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo.
ARTICLE 19 reitera que la liberación de ambos procesados no es una absolución. Ambos continúan bajo proceso y queda pendiente el dictado de sentencias que resuelvan el fondo del proceso penal por el delito de tortura que se les imputa.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19, como representantes y acompañantes de Lydia Cacho, estarán impugnando ambos procesos y nuevamente exhortamos a que estos casos se resuelvan tomando en cuenta las particularidades y riesgos existentes en este asunto particular. Lydia Cacho sigue forzada a vivir fuera del país, sin las garantías de seguridad para ejercer su labor periodística en México.
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