Alumnos del Colegio de Historia en dicha casa de estudios cumplieron 10 días de plantón y en toma de las instalaciones

El Juez Quinto de Distrito admitió la demanda de Amparo de Anel Hernández, investigadora del Sistema Nacional de Investigación (SNI) contra autoridades académicas del Colegio de Historia quienes sometieron “a voto” su permanencia en la planta docente luego de asesorar un conversatorio en el que participarían padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero.

Así lo confirmó el abogado Víctor Rogelio Caballero Sierra y director general del Colectivo Democrático Aequus, quien aseguró que la admisión de esta demanda con el expediente 918/2018 sienta un precedente para integrantes de la academia mexicana y estudiantes de diferentes universidades, y expone las prácticas feudales y de cacicazgos que se llevan a cabo en las universidad pública, violando y arrasando con los derechos humanos y laborales.

En rueda de prensa, Caballero Sierra junto con Anel Hernández, doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y Profesora – Investigadora Titular A en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, expusieron el irregular proceso que viola el propio Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).


El retraso del proceso de recontratación de la integrante del SNI en la plaza que obtuvo a partir de un concurso de oposición, evidencia a la ex coordinadora del Colegio de Historia, Elva Rivero y a la coordinadora académica Claudia Labastida, de tomar medidas arbitrarias e ilegales en la evaluación de maestros con base en intereses particulares y políticos, en lugar de los académicos que son pasados por alto.

La investigadora explicó que tuvo que recurrir a tribunales distritales para solicitar la expedición una copia certificada del Acta de Academia de fecha 27 de abril de 2018, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la BUAP, en la que un grupo de “académicos”, fuera de toda Ley, Estatuto y Reglamento de la BUAP, decidieron por voto y con un ánimo “democrático” la no recontratación al margen de la normatividad.

Explicó que el documento se le ha negado pese a que bajo ninguna circunstancia se trata de un documento privado, máxime que la BUAP, es un organismo público descentralizado del Estado mexicano y toda la documentación que genere es pública.

La demanda de Amparo también solicita la concreción de la evaluación de su recontratación, que se ha retrasado sin que haya recibido explicación alguna, e interpela Alfonso Esparza Ortiz, Rector de esta Casa de Estudios al que solicita su intervención para solucionar el conflicto ante la cerrazón de las autoridades de la dirección de la FFyL.

CONTINUA PARO 

En paralelo, el Edificio del Colegio de Historia de la BUAP cumple hoy 10 días de haberse instalado y mantiene intacto el pliego petitorio que exige entre otros puntos la inmediata destitución de la coordinadora del Colegio de Historia, María del Carmen Labastida Claudio, por no seguir el debido proceso en la recontratación de Anel Hernández Sotelo; y una evaluación pública de toda la planta académica del Colegio de Historia que incluya de manera efectiva y eficiente, al sector estudiantil en la determinación de su idoneidad.

Además de un diálogo de estudiantes con un órgano facultado para resolver las peticiones se pide la garantía de que no exista represalias, física, académica, psicológica o laboral hacia los estudiantes que han participado en la movilización y los profesores que se han solidarizado.

Aplicar sanciones de manera académica y administrativa a la profesora Elvia Rivera Gómez, anterior coordinadora del Colegio de Historia — integrante del Grupo de Estudio para dictar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres—- por agravios cometidos contra la comunidad estudiantil: hostigamiento. acoso, amenaza. violencia física, verbal y psicológica.

DENUNCIAN EN CONAPRED

Tanto Anel Hernández como el defensor de derechos humanos y universitarios Víctor Caballero Sierra reprobaron la instauración del miedo como elemento de control social para acallar la protesta estudiantil.

Recordaron que existe una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ante la presencia de grupos de choque en las inmediaciones del plantel desde el día de la movilización estudiantil y aseguraron evalúan la interposición de una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, pues se documentó que en una reunión (de la que se hizo público un video), un “académico” llamo “Nazis” a los compañeros de la Asamblea del Colegio de Historia, que encabezan el paro.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *