La Asociación TAC Una Protección al Entorno A.C. denunció públicamente al presidente municipal de Santiago Miahuatlán, Omar Toledo, y a su cabildo por encubrir y omitir acciones frente a casos de maltrato animal en los que estarían involucrados funcionarios del propio Ayuntamiento.
La indignación creció tras compararse con lo ocurrido en Acatlán de Osorio, donde la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas destituyó y denunció a policías municipales responsables de atropellar y matar a un perro en la vía pública. En Santiago Miahuatlán, en cambio, no se ha sancionado a ningún servidor público señalado.
Activistas reprocharon además las declaraciones del regidor de Gobernación, quien presumió que el municipio “mantiene controlados los índices delictivos” y lo describió como “uno de los más tranquilos del estado”. Para los colectivos, este discurso omite la violencia contra los animales, lo que interpretan como un intento de invisibilizar el problema.
“Cada día la violencia también alcanza a los animales, y el silencio de la autoridad es complicidad”, señalaron los defensores, quienes exigieron la inhabilitación de los funcionarios implicados y advirtieron que, si el alcalde no actúa, debería presentar su renuncia.
La organización subrayó que el caso de Acatlán deja claro que, cuando existe voluntad política, sí es posible sancionar a servidores públicos responsables de crueldad animal.
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