El expolicía acreditable dijo que el Ombudsperson quiere hacer un ejercicio de no acción penal contra los agentes del MP que lo torturaron en 2015.
El Exdirector de la Policía Estatal Acreditable (PEA) de la extinta Comisión Estatal de Seguridad (CES), Jorge López Pérez acusó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de cubrir a los agentes del Ministerio Público que en el año 2015 lo torturan para obligarlo a declararse culpable de secuestro exprés en enero de 2015, para los que ahora solicita el no ejercicio de acción penal con lo que prácticamente quedarían librados de cualquier responsabilidad.
Al entrar en detalles, el expolicía acreditable aseguró que en el mes de junio y septiembre la CEDH giró dos oficios a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en los que solicita el no ejercicio de acción penal en contra de los agentes del ministerio público señalados por cometer actos de torturaron, lo que resultó increíble para él.
Dijo que con eso el Ombudsperson pretende liberarlos de toda responsabilidad a pesar de ser culpables de los actos degradantes en su contra que además fueron comprobados.
“¡Esto no puede ser!, puesto que está aceptada la recomendación y se comprobó la tortura, el Estado me da la calidad de victima por tortura, cómo es posible que quieran hacer un ejercicio de no acción penal en contra de los agentes del ministerio público, si en el momento de mi detención y el lapso que estuve ahí fue cuando me torturaron”, expuso.
Incluso, reprochó que ahora se pretenda iniciar una acción penal contra los agentes de investigación pero no en contra de los ministerios públicos, y lo más grave es que a la misma Comisión desde el mes de julio fue notificada de esa medida y hasta el momento no ha reaccionado al respecto.
Por ello, denunció que es realmente grave pues la defensa de los derechos humanos en Tlaxcala no está garantizada, y está en manos de una persona que obedece a otros intereses menos a los de las víctimas, refiriéndose a Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.
Incluso dijo que de ser necesario se plantará en Palacio de Gobierno y en la CEDH e iniciará una nueva huelga de hambre para que no se garantice su derecho de acceso a la justicia y sus torturadores reciban el castigo previsto en la ley, porque además a pesar de haber sido inocente de estar dos años en prisión el Estado lo único que le ha dado fueron disculpas públicas pero no justicia.
Agregó que a un año seis meses que se aceptó la recomendación por las violaciones a sus derechos humanos, no existe ninguna orden de captura contra la exprocuradora, Alicia Fragoso Sánchez y el Subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, quienes “son los que deben estar en la cárcel, pero tenemos un presidente de los derechos humanos que se la vive paseando y no resuelve absolutamente nada”.