Agrupaciones defensoras de animales le advirtieron a la alcaldesa de Teziutlán, Karla Martínez Gallegos, que evite cometer un delito penal, consistente en desobedecer una suspensión dictada dentro de un juicio de amparo, que impide la celebración de corridas de toros en el mencionado municipio poblano.

Esa advertencia se ve motivada por el anuncio recientemente hecho por empresarios teziutlecas, relativo a reactivar la Plaza de Toros de su localidad, denominada «El Pinal», con el objeto de recibir en su gira de despedida a Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador español.

Queremos informar que NO es jurídicamente posible, ya que se cuenta con una sentencia favorable en el amparo 466/2023 y con la suspensión definitiva del amparo número 432/2023 del Juzgado Primero de Distrito en Materia De Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la cual ordena la suspensión de cualquier evento taurino (corridas de toros) en la Plaza de Toros El Pinal, y en todo el municipio de Teziutlán, Puebla», expresaron. 

Precisaron que autorizar el evento programado para el 1 de diciembre tendrá consecuencias penales, pues es un delito federal establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que puede hacer acreedora a la alcaldesa a una pena de tres a nueve años de prisión. 

Asimismo, dijeron que puede ser sancionada con una multa de cincuenta a quinientos días, junto con su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público. 

En caso de llevarse a cabo el evento taurino, procederemos penalmente en contra de la edil municipal así como en contra de todas las autoridades implicadas, dando vista a la Fiscalía General de la República para que proceda en su contra», sentenciaron. 

Recordaron que, anteriormente, abogados taurinos ya intentaron reabrir la plaza de toros con un recurso legal que fue declarado infundado en el mes de mayo de este año. 

Por último, indicaron que la suspensión definitiva de las corridas de toros en Teziutlán se encuentra actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien resolverá el asunto en los próximos meses.

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