El gobierno deberá ofrecer disculpa pública y garantizar la reparación del daño moral y económico de las víctimas y sus familias, el pago de salarios caídos y prestaciones
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación CVG/6/2016 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Gobierno sobre el caso de los ex policías acreditables torturados y acusados falsamente de secuestro exprés en 2015, al confirmar que sí hubo conductas indebidas cometidas contra los servidores públicos.
El organismo público autónomo ordenó a la Segob y PGJE a realizar una disculpa pública y garantizar la reparación del daño moral y económico de las víctimas y sus familias, el pago de salarios caídos y prestaciones, pago de gastos médicos especiales derivados de las secuelas físicas y mentales de la tortura, así como garantizar el acceso a la atención psicológica de las víctimas.
Asimismo, la CEDH recomendó a la PGJE iniciar las investigaciones contra los policías de investigación señalados como responsables de tortura y por falsear las declaraciones.
En 2015, durante el sexenio de Mariano González Zarur, la PGJE a cargo de Alicia Fragoso Sánchez acusó a policías acreditables de operar una red de secuestro exprés en la entidad. En noviembre del mismo año, familiares denunciaron que los detenidos fueron torturados para falsear las declaraciones y asumir la responsabilidad de las imputaciones.