Académicos y periodistas en Puebla plantearon adiciones al artículo 480 sobre ciberasedio para excluir a trabajadores de medios de comunicación, defensores de derechos humanos y víctimas de delito de las  sanciones penales.

Durante los foros efectuados en el Congreso del Estado los días 20 y 21 de junio, si bien la mayoría de los participantes pidió la derogación de dicho artículo por considerar que viola la Constitución Mexicana, algunos ponentes presentaron propuestas.

Una de las ponentes fue Shanik David George, académica con especialización en derechos humanos, transparencia y derecho a la información, responsable del Observatorio por el Derecho a la Verdad ‘Con los Ojos Abiertos’ del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla. 

La también periodista, reconoció la necesidad de atender el problema del ciberasedio, pero en apego a lo que marcan organismo internaciones con acciones no punitiva y no penales.

Sugirió generar una agravante en el Código Civil del Estado de Puebla donde ya se reconoce el Daño Moral, «una acción que puede proteger los derechos que se busca defender, pero que no sea punitiva».

La académica opinó que se debe derogar la pena penal y buscar otros mecanismos de sanción, pero sobre todo poner en el centro de la discusión y análisis a las personas, pues la ley actual «afecta a cualquier ciudadano, sobre todo aquel que no sabe cómo participar en la comunicación».

«No es una cosa solo de periodistas. Cualquier persona puede caer en publicar algo que alguien no le guste», apuntó.

En esta misma tónica, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla (ASPEC), Valentín Paredes entregó una propuesta al Congreso Local para realizar una adición al artículo 480 del Código Penal sobre ciberasedio.

El planteamiento señala que la sanción penal no será aplicable en expresiones, manifestaciones y reclamos realizados en medios electrónicos, que tengan como objeto la criticas de intéres público por periodistas, defensores de derechos humanos, activistas o víctimas.

Otro ponente fue Alejandro Guillen, académico universitario y ex presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla quien, si bien lanzó acusaciones sobre la ambigüedad del artículo dedicado al ciberasedio y que fue una legislación dedicada a alguien en especifico, por lo que se debe derogar, también realizó propuestas.

Dijo que es pertinente especificar en algún apartado que la crítica a las políticas públicas, a la actuación pública de los funcionarios y el manejo de los recursos público, quedan exentas de sanción alguna.

No obstante, también advirtió el riesgo de que, si no se hacen modificaciones inmediatas, proliferen actos de corrupción, «ya sea por inhibición del denuncia, o porque el corrupto va a utilizar esta disposición legal para defenderse y demandar a quien haya osado denunciar públicamente su conducta corrupta».

Es pertinente agregar que hubo muchos más exponentes, entre ellos integrantes de la Red Puebla de Periodistas que insistieron en la derogación total del artículo 480 por considerar que viola la libertad de expresión, postura que fue apoyada desde tribuna por la agrupación Artículo 19.

La periodistas Patricia Méndez, pidió que no se desvié la discusión hacia la protección de mujeres e infancias con esta Ley, al sugerir que se debe legislar de  manera objetivo sobre los delitos que aquejan a dicho sector pero desde otra óptica, como lo ha planteado por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Es importante mencionar que la presidenta de Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa y otros diputados, dijeron que hay posibilidad de hacer mejoras a la Ley de Ciberseguridad que contempla las sanciones penales de hasta tres años para quien incurra en ciberasedio, pero descartó su derogación. Esto en respuesta a los foros efectuados el fin de semana.

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