A dos años del feminicidio de Estefani Hernández, el Colectivo Mujer y Utopía colocó en la Plaza Juárez, ubicada frente al Congreso del Estado, un memorial de las más de 270 mujeres asesinadas en los últimos 20 años en Tlaxcala, de las cuales, solo siete han accedido medianamente a la justicia a través de sentencias condenatorias como parte de la reparación del daño.
El caso de Estefani recoge las malas prácticas del proceso judicial que enfrentan las mujeres víctimas y sus familias en Tlaxcala. El Colectivo acusó que en el estado prevalece la corrupción y las estructuras machistas y patriarcales que impiden que las mujeres accedan a la justicia y que van desde la integración de las carpetas de investigación hasta los sesgos de género de juzgadores, abogados y las instituciones del Estado.
Señalaron que en Tlaxcala, las autoridades han reclasificado más del 90 por ciento de los delitos de feminicidio como homicidios dolosos, culposos e incluso como suicidios, con el objetivo de ocultar la situación actual de la violencia de género en el estado.
“No queremos que se olvide a las mujeres asesinadas. No aceptamos la reclasificación que se ha hecho a más del 90 por ciento de los feminicidios ocurridos. Tampoco aceptamos las declaraciones falsas y a modo de las autoridades estatales”.
El memorial consiste en indicar los datos de cada una de las mujeres asesinadas en Tlaxcala representadas con una flor colocada en los municipios donde se reportó el asesinato. Ahí, señalaron que, como todos los casos de feminicidio, el asunto legal de Estefani avanza lento y con los obstáculos para acceder a la justicia.
“Para nuestro pesar, el tiempo que nos ha tomado llegar aquí ha sido largo porque nos enfrentamos a un sistema de corrupción y prácticas desleales por parte de la defensa para hacer que el juez difiera las audiencias, y eso retrasa el proceso”, dijo Pilar Hernández, hermana de Estefani.
Edith Méndez, del Colectivo Mujer y Utopía señaló que en Tlaxcala un caso de feminicidio toma en promedio cuatro años, lo que significa un lapso de tiempo por arriba del promedio nacional que es de dos años. Esto, sumado a las pocas sentencias dictadas contra feminicidas, refleja un Estado impune.
“Es preocupante que en el Estado aún prevalezcan las prácticas de obstaculización de la justicia, la falta de recursos y presupuestos que permitan a las mujeres la atención adecuada (…) Las leyes, aún cuando se realizan iniciativas para su fortalecimiento, no se aplican, no se acreditan los delitos de género en las indagatorias o se obstaculizan los procesos para la justicia”, señaló.
Por último, mencionaron que la evaluación sobre el informe del gobierno estatal sobre el cumplimiento de las observaciones como parte de la Alerta de Violencia de Género, son desalentadores, debido a que el estado solo reporta acciones que no se reflejan en la vida real y cotidiana de las mujeres, ni en la reducción de los delitos de género y acceso a la justicia.
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Foto: Especial