Grupos delictivos toman ventaja de las fronteras, recargados sobre «la no intervención» e inmunidad con la que parecen gozar, dice Hernández López
El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) llamó al gobierno estatal a retomar el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) entre Puebla y Veracruz como estrategia para frenar el flujo delictivo no ha cesado desde 2012 a la fecha.
Juan José Hernández López, presidente del Observatorio Ciudadano Delictivo del IGAVIM reveló que el convenio que fue implementado a finales de 2012 y fue suspendido en 2014, pese a que el gobierno del estado ha reconocido una migración continua que proviene del estado de Veracruz y que lejos de disminuir se ha incrementado en estos años.
Detalló que poco antes de 2012, el observatorio ciudadano del IGAVIN documentó un alza en delitos en el estado que a la fecha en lugar de decrecer, avanza. «Creemos que el convenio fue una de las mejores medidas tomadas, es necesario que se valore una acción de esa magnitud».
El crecimiento del comercio en municipios Tecamachalco, San Martín Texmelucan, dijo, han sido un atractivo para la delincuencia que poco a poco diluye la frontera entre los dos estados. El académico refirió que grupos delictivos diversifican sus actividades, creciendo hacia los territorios de los Estados y, como cualquier otra empresa exitosa, alcanzando proporciones macroeconómicas.
Estos grupos delictivos toman ventaja de las fronteras, recargados sobre «la no intervención» e inmunidad con la que parecen gozar, gracias a la lentitud de los mecanismos tradicionales de cooperación estatal.
El Convenio General de Coordinación y Colaboración se firmó en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el secretario Ignacio de la Llave Zurita titular de la SSP de Veracruz y su homólogo SSP de Puebla, Facundo Rosas Rosas como estrategia de seguridad pública para reducir la dilución de fronteras criminales.
El documento instaba a los gobierno a implementar estudios, análisis y acciones coordinadas entre ambos estados y les obligaba a intercambiar información de inteligencia para la prevención del delito y combate a la delincuencia.
En cuanto a la operatividad, se tenía planeado solicitar y brindar apoyo para el aseguramiento de delincuentes en flagrancia que traspasen los límites territoriales estatales, homologar manuales y programas de actuación policial. Así como fomentar el uso de la radio-comunicación digital troncalizada y telefonía IP entre los dos estados. Delimitar tramos de control y líneas de mando.
El modelo interestatal implicaba evaluaciones de las actividades, tanto teóricas como prácticas a los elementos de seguridad además de una compilación de difusión, intercambio bibliográfico y hemerográfico especializado de temas de seguridad pública, así como realizar investigaciones y publicaciones.
En el marco de las SSP, el convenio también establecía ampliar modalidades de «capacitación presencial permanente» a través de nuevas tecnologías así como «disponibilidad presupuestal» para que ambos estados destinaran disponibilidad de recursos materiales, humanos y financieros.
El reconocimiento de migración delictiva en el estado hizo que en 2012 se firmara entre ambos estados un convenio que establecía acciones de planeación y análisis tácticos; pero la fecha no existen resultados ni informes de éste en el fugaz año y meses de haber sido implementado.
Hernández López, presidente del Observatorio Ciudadano explicó que el Convenio funcionó en ese tiempo bajo la discreción más absoluta, incluso incurriendo en opacidad. «Nunca fue transparente en su matriz de valoración, no fue hecho público, el acceso a documento siempre fue limitado», confesó.
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