Esto significa que en promedio sólo 12.7 por ciento de los delitos son denunciados ante el Ministerio Público, de acuerdo con datos de la encuesta.
En el estado de Tlaxcala hay una cifra negra de 87.3 por ciento en delitos, debido a que las víctimas no presentan su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por diversas causas que van desde miedo a represalias, a ser extorsionada, por los trámites largos, difíciles, y por desconfianza en la autoridad, entre otros.
Con base a los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, revela que para el 2017, el número de delitos que se denunciaron ante la autoridad local de procuración de justicia fue de 12.7 por ciento, cifra que es mayor a la registrada en 2016, cuando el porcentaje de delitos denunciados alcanzó el 10.7 por ciento.
Sin embargo, la cifra negra de delitos cometidos en la entidad, alcanzó un 87.3 por ciento, es decir, las víctimas decidieron no presentar una denuncia por diversas circunstancias.
Según los resultados de la Envipe, 61 por ciento no denuncia por situaciones atribuibles a la autoridad, es decir que no acudió a interponer su querella por miedo a que la extorsionaran, por pérdida de tiempo, por tratarse de trámites largos y difíciles, por desconfianza en la autoridad o porque tiene una actitud hostil de la misma; mientras que el 38.9 por ciento, no lo hizo por miedo al agresor, por tratarse de un delito de poca importancia o por no contar con las pruebas suficientes.
Respecto al costo a consecuencia de la delincuencia, se estimó que fue de mil 914.7 millones de pesos, de ellos el 51.3 por ciento se calificó como pérdidas económicas; mientras que el 45.1 por ciento, se trata de gastos en medidas preventivas, que van desde acciones conjuntas con vecinos, colocación de rejas o bardas, cambio de puertas o ventanas, así como cerraduras o candados y hasta la compra de perros vigilantes, los cuales se estima que ascendió a más de 864 millones de pesos.
Y el 3.6 por ciento del costo total de la delincuencia, fue para gastos por daños a la salud a consecuencia de algún delito.