Los acusados fueron procesados por presuntamente cometer por lo menos cuatro secuestros exprés en los municipios de Apizaco y Huamantla.
Derivado de la presunta negativa por parte del titular del Ejecutivo local para darle cumplimiento a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para resarcir los daños morales, económicos y de salud hacia los siete exelementos policiacos víctimas de tortura, el Exdirector de la Policía, Jorge López Pérez, se presentó este día en el Palacio Legislativo local para exigir la intervención inmediata para solucionar esta problemática que los aqueja.
Precisó que la (CEDH) se encuentra rebasada y vulnerada, porque su dictamen no ha sido acatado y no ha hecho nada para que se cumpla su fallo, por ello es necesario que intervenga el poder legislativo e investigue las omisiones.
Se dirigieron principalmente a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la LXIII Legislatura Ana Bertha Mastranzo Corona, para que mediante sus facultades intervenga en el tema.
En este orden de ideas advirtió que de ser necesario los siete ex policías están dispuestos a iniciar una huelga de hambre, ya que se siguen vulnerando sus derechos humanos, pues continúan apareciendo en la Plataforma México con antecedentes delictivos y nadie les quiere dar trabajo.
Hechos
Cabe mencionar que fue el pasado 22 de enero del año 2015, cuando elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a los policías estatales, miembros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), presuntamente dedicados al secuestro exprés.
Entre los detenidos se encontraba Jorge López Flores, el entonces director de la Policía Estatal Acreditable (PEA). Los acusados fueron procesados por presuntamente cometer por lo menos cuatro secuestros exprés en los municipios de Apizaco y Huamantla.
La detención de los expolicías fue ordenada por la entonces Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez. En febrero del 2017 liberaron a López Pérez conocido entre la policía como “el lobo” y una de sus compañeras Patricia Águila Hernández también ex Policía.
Ambos permanecieron encarcelados por más de dos años.
Al salir el ex mando informó ante los medios que personal de la PGJE en la administración pasada recurrió a choques eléctricos en los testículos y diversas áreas del cuerpo, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés, además de sus testimonios, existió también un presunto video de las torturas a los que fueron sometidos los ex policías.
En mayo de 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CEDHT/CVG/0672016, en la que ordena a la Secretaría de Gobierno (Segob) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que reparen los daños a los acusados por haber sufrido tortura, violación a sus derechos humanos y garantías individuales.