La entidad se encuentra sumida en la desigualdad social y económica, refleja el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo.

En Puebla, las condiciones de seguridad han empeorado progresivamente durante los últimos años y ahora, cuatro de cada 10 personas creen que las condiciones irán en esa misma tendencia hacia el futuro.

Así lo refleja el diagnóstico de la entidad que forma parte del Plan Estatal de Desarrollo (PED), donde se detalla que el estado se encuentra entre los primeros lugares de secuestro, robo a casa habitación y que la capital poblana concentra cuatro de cada diez delitos cometidos.

El documento fue presentado por Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas y Administración, quien agregó que Puebla, además, se ubica como la quinta demarcación con más pobreza, porque 60 por ciento de los habitantes vive con algún grado de rezago y 10 por ciento está en la miseria.

Sostuvo que el estado ha perdido lugares en materia de competitividad y la inversión extranjera directa en 2018 cayó alrededor de 40 por ciento, mientras pasó del quinto al octavo lugar en crecimiento económico.

Adicionalmente, advirtió un fuerte estancamiento en el campo, que derivó en una alta migración hacia las zonas urbanas del Estado.

Aunado a ello, mencionó que en las últimas administraciones, seis de cada 10 pesos invertidos se concentraron en la región Angelópolis, lo que significó el abandono de las otras zonas del estado.

Mencionó que la entidad ostenta el primer lugar nacional en mortalidad por cáncer juvenil y uno de los primeros lugares en mortalidad infantil general.

Por eso, mencionó que el Plan Estatal de Desarrollo, contenido en cinco ejes, 30 proyectos estratégicos, 554 líneas de acción y 26 programas, buscará generar un desarrollo mucho más igualitario y detonar crecimiento en todas las regiones.

Comentó que los ejes son Seguridad y Gobernanza para Vivir en Paz; Innovación, Competitividad y Empleo; Desarrollo Humano Equitativo e Incluyente; Infraestructura y Movilidad; y Desarrollo Sostenible y Sustentable.

Destacó que contendrá directrices transversales de equidad de género y atención a grupos vulnerables, así como un énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas, además de un enfoque en calidad de vida.

Finalmente, comentó que el documento podrá ser revisado y adecuado por la administración que asumirá funciones el 1 de agosto, así como desarrollarse según las necesidades de la entidad.

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