Puebla se ubica debajo de Tlaxcala con 299 cámaras de seguridad; solo cuatro estados cuentan con leyes y dos con reglamentos.
Así como ha aumentado la percepción de inseguridad de los tlaxcaltecas, el número de cámaras de videovigilancia creció en los últimos seis años. Un total de 304 operan y han comenzado a grabar principalmente en la zona céntrica de la capital y en los municipios con el mayor número de reportes de delitos.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CEOSP) ubica a la entidad en la posición 15 nacional sobre infraestructura en las administraciones públicas estatales para el ejercicio de la función de seguridad pública.
En contraparte, el estado de Puebla se ubicó debajo de Tlaxcala respecto al número de cámaras de vigilancia, con 299 diseminadas en su territorio a pesar de que es dos veces mayor a la entidad tlaxcalteca.
Hasta finales de 2017 el CEOSP halló seis estados con leyes y reglamentos que regulan la videovigilancia en México. Se trata de las leyes para el uso de tecnologías para la seguridad de los estados de Ciudad de México, Aguascalientes, Colima y Durango; y los reglamentos para la videovigilancia en las ciudades de Guadalajara y Soyula, Jalisco; todas establecen un plazo para la destrucción de las videograbaciones de entre 30 y 180 días.
Las entidades donde se contabilizó más el uso público de las videocámaras son Ciudad de México con 15 mil 10; Estado de México, 10 mil; Guanajuato, dos mil 189; Michoacán, mil 260; Jalisco, 870; Morelos, 710; Tabasco, 649; Yucatán, 642; Guerrero, 567; Nuevo León, 434 y Quintana Roo 392.
Sin embargo, el centro de estudios reporta poca efectividad en este sistema que fue importado por el asesor del gobierno del Distrito Federal, Rudolf Guiliani; entre ellas destacan la falta de concentración y la imposibilidad de monitorear un número amplio de cámaras; los altos costos del material y errores humanos.
Además, lo ha impedido su uso para el acceso a la justicia la pérdida o grabaciones borradas antes del plazo establecido por la ley; falta de mantenimiento y que no todas funcionan; así como el desplazamiento de la delincuencia a otras zonas; la desigualdad económica para la instalación y la mala calidad de las cámaras de seguridad.
Por último, el informe refiere que se ha comprobado que la correcta iluminación de las zonas y los rondines policiacos esporádicos disminuyen la inseguridad y su percepción, más que la instalación de cámaras de videovigilancia.