Coincidieron en señalar que la desaparición forzada en México es una práctica que continúa vigente y que se ha extendido de motivos políticos a procesos de proyectos energéticos.

Las desapariciones forzadas y la minería son una nueva y dramática relación que se vive en México, así lo reconocieron académicos y activistas miembros la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla (REDdh) y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) no descartaron que el caso de Sergio Rivera Hernández, miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ y opositor del proyecto de la Minera Autlán pudiera ser parte de este fenómeno.

El historiador Fritz Glockner, Eduardo Sierra integrante del FNLS y Mariel Bonilla Dumit, del REDdh, coincidieron en señalar que la desaparición forzada en México es una práctica que continúa vigente y que se ha extendido de motivos políticos a procesos de proyectos energéticos y de despojo que implican planes extractivistas.

Durante la presentación del libro “Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya” integrantes del Ejército Nacional Revolucionario (EPR) quienes sufrieron desaparición forzada por el Estado Mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, los académicos y activistas aunque reconocieron la práctica cotidiana de “este horror” a lo largo del territorio nacional aseguraron que no existen estadísticas exactas y el fenómeno sigue “en cifra negra”.

Cristina Rosas del FNLS explicó que la estadística permanece en la más completa opacidad, pues a propósito la autoridad diluye a las víctimas de desaparición forzada en registros de “personas no aparecidas” o “personas ausentes”, enmascarando la dimensión del fenómeno.

Refirió que de manera oficial, el gobierno federal refiere que hay 30 mil personas que han desaparecido como consecuencia de su activismo político y social, pero la cifra contrasta con observatorios sociales y reportes ciudadanos que tienen el conteo de 300 mil víctimas sólo en las últimas 3 décadas.

Posible desaparición forzada en la Sierra Negra
La desaparición del opositor del proyecto de la Minera Autlán, Sergio Rivera Hernández integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ denunciada por la organización y Comunidades Nahuas en Resistencia de la Sierra Negra, consideraron integrantes del FNLS y de la REDdh cumple el perfil de las víctimas de desaparición forzada.

El 23 de agosto en la carretera que llega a la comunidad de Tepexilotla camino a su comunidad de Tepetolonzi, Coyolapa Sierra Negra —en el municipio de San Pablo Zoquitlan—, Sergio fue visto por última vez sobre su motocicleta perseguido por una camioneta Nissan Blanca con caja seca.

Más tarde pobladores encontraron su motocicleta arrollada a la altura de la desviación a la comunidad de Zaragoza sin ninguna señal de él.

El MAIZ ha señalado como únicos responsables de su desaparición a representantes de la Minera Autlán así como al presidente de Tlacotepec de Díaz, Cirilo Trujillo y Fermín González León, de San Pablo Zoquitlán, quienes han flanqueado el avance del despojo en favor de la minera.

“Se puede presumir que se ejecutó una desaparición forzada contra un individuo que muestra un descontento contra la estructura gubernamental o sus intereses y cuando autoridades niegan la detención y entorpece su búsqueda y los procesos para su hallazgo”, explicó la defensora de derechos humanos Mariel Bonilla Dumit.

El académico Eduardo Sierra en su carácter de integrante del FNLS aseguró que la persecución, hostigamiento y desplazamiento de autoridades y empresarios hacia opositores de los llamados “Proyectos de Muerte” ha escalado niveles de violencia y se ha cometido desapariciones forzadas.

En esta tesitura no descartó que el caso de Sergio encuadrara en esta práctica, pues cumple con todos los requisitos de las experiencias que se viven a lo largo del país.

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