En el marco de la presentación de la campaña Corazones Unidos Contra la Trata, la activista presentó el caso de Laura Rojas, víctima de violación.
La presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata de Personas, Rosi Orozco, informó que el 80 por ciento de las sentencias por el delito de trata de personas en la Ciudad de México pertenecen a tratantes de Puebla y Tlaxcala.
Aún sin datos específicos, señaló que entre 2012 y lo que va de 2018, la asociación civil que encabeza, ha logrado al menos 400 sentencias condenatorias contra tratantes bajo el marco jurídico legal anterior a las propuestas de reforma a la ley general en la materia que impulsó la senadora tlaxcalteca Adriana Dávila Fernández.
«En breve presentaremos un análisis legal y técnico sobre 400 sentencias que nosotros hemos logrado, con los tratantes aún metidos en las cárceles, para demostrar que la ley con la que contamos es útil para combatir el delito y que no necesitamos ninguna ley o reforma a favor de los tratantes», dijo en rueda de prensa esta mañana en franca alusión al trabajo emprendido por Dávila Fernández en el Senado de la República.
La visita de Rosi Orozco se dio en el marco de la presentación de la Campaña «Corazones Unidos Contra la Trata» que busca establecer lazos de solidaridad y apoyo con las víctimas de trata laboral, sexual, violación o explotación sexual.
Durante la reunión con medios de comunicación, la activista presentó el caso de Laura Rojas, víctima de violación consuetudinaria por parte de Sebastian N, ahora sentenciando por el delito, e hijo de uno de los dueños de la maquiladora Xico Star, ubicada en el municipio de Mazatecochco.
Rosi Orozco señaló que el caso de Laura muestra los procesos de estigmatización y revictimización por parte de los pobladores de la comunidad, quienes han señalado, violentado y responsabilizado a Laura por haber denunciado o permitido la violación.
Fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la que vinculó a Laura con la presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, con el objetivo de que se le brindara ayuda para sobrellevar el proceso de recuperación de su proyecto de vida.
En ese sentido, Rosi Orozco agradeció y reconoció el trabajo que el gobierno de Tlaxcala, a través de la PGJE, han brindado a las víctimas de estos delitos y, defendió que, pese a que la entidad ocupa los primeros lugares en el delito de trata de personas, el gobierno del estado ha emprendido acciones para erradicarlo.
Por último, dijo desconocer los términos de las solicitudes de Alerta de Género para Tlaxcala por trata de personas con fines de exploración sexual, desaparición de mujeres y niñas y violencia sexual.
«Desconozco por qué razones las organizaciones civiles presentaron las solicitudes, no lo sé y por eso no podría tener una opinión al respecto».