En 2015, el Congreso aprobó aumentar de 40 a 60 años la pena máxima por feminicidio e imponer multas de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

Los incrementos a castigos de delitos no lograron disminuir al violencia contra las mujeres en Puebla, sino que los feminicidios, violencia familiar, violaciones y abuso sexual se dispararon tras las reformas de 2015.

En ese año se elevó el castigo por feminicidios, pero desde entonces se han cometido 142 en Puebla; y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública (SESNSP), Puebla registró en 2015 seis asesinatos de mujeres por razón de género.

La reforma aprobada en Puebla, al artículo 338 bis del Código Penal del estado, fue para aumentar de 40 a 60 años la pena máxima por feminicidio e imponer multas de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

A propuesta de la diputada priísta Silvia Tanús Osorio, el artículo quedó de la siguiente manera y a la fecha se mantiene igual:

“A quien cometa el delito de feminicidio, se le impondrá una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario”.

Contrario a lo que se quería, en 2016 los feminicidios se duplicaron y se registraron 12; en 2017 pasaron a 27; para 2018 fueron 32 y en 2019

Se dispara violencia tras reformas

De 2015 al 31 de enero de 2020, el estado registró 34 mil 48 carpetas de investigación por violencia familiar, a pesar de que subieron las sanciones desde 2016.

Por instrucción del exgobernador panista Rafael Moreno Valle, en septiembre de 2016 el Congreso de Puebla aprobó endurecer el castigo a la violencia familiar, para que las penas fueran de 2 a 8 años de prisión, ya que antes eran de 1 a 5 años.

La reforma se aprobó tal como la envió el mandatario y el artículo 284 bis del Código Penal quedó de la siguiente forma:

“A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos. La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera parte, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años”.

Con todo y eso, Puebla registró 5 mil 24 casos de violencia familiar en 2015; 5 mil 586 el año siguiente; para 2017 fueron 6 mil 327; en 2018 pasaron a 7 mil 296 y para 2019 se dispararon a 9 mil 77, en tanto que en durante enero de este año se contabilizaron 738 denuncias.

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