Buscan demostrar que la creación de su propia policía se respalda por Artículo 9 del Código Municipal, que permite generar organigramas según las necesidades del municipio.
Ante la presión de los familiares de los 127 ex policías municipales de San Martín Texmelucan, que están en prisión preventiva en el penal de Tepexi, el edil Rafael Núñez Soto prepara una estrategia jurídica para demostrar que no incurrieron en el delito de usurpación de funciones.
A través del secretario General Adrián Soto Salamanca, quien se reunió la tarde del 7 de mayo con los familiares en el Complejo Texmeluquense, aceptó que la mayoría del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estaban contratados como agentes viales y no como policías.
Soto Salamanca dijo que esta misma semana, especialistas en juicios orales se reunirán con los policías y familiares, para explicarles que existe la posibilidad de que salgan en libertad.
El proceso será demostrar que de acuerdo al artículo 9 del Código Municipal, se establece que los municipios están facultados para generar organigramas de gobierno y dependencias conforme a las necesidades del municipio.
Soto Salamanca aseguró que debido a que eran agentes viales los ahora detenidos no estaban obligados a presentar las pruebas de control de confianza
Tras señalar que los detenidos no estaban en el Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) – es decir su salario salía de una partida presupuestal diferente a la de seguridad-, insistió que el Poder Judicial no podrá juzgarlos por un delito inexistente.
A pesar de esta explicación, los familiares insisten que el único responsable de lo que les sucedió a los ex uniformados sigue siendo el alcalde