Así lo relataron enfermeras de la Unidad Pediátrica de Quemados de la Secretaría de Salud (SS) que se encuentra en el Hospital del Niño Poblano (HNP), quienes refirieron que el mes pasado tuvieron internado a un menor cuyo padre amenazó con matarlas si su hijo no se recuperaba.
Solicitando la gracia del anonimato tanto de ellas como del paciente y del agresor, mostraron a esta reportera la copia del expediente que se inició ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las amenazas que se ejercieron en su contra.
“Todos los días llegaba el señor a amenazarnos de que si su hijo no se recuperaba, se las pagaríamos y que no sabíamos con quien nos metíamos, argumentando que el pertenece a un partido político y que es amigo de funcionarios.
Nosotros damos la atención por igual”, explicó una manifestante.
Otras enfermeras contaron que son constantes las amenazas de los pacientes que les dicen que van a marcar “al teléfono rojo” para que los castigue la Contraloría Estatal.
“Sabe ahora trabajamos con miedo de que cualquiera por cualquier cosa nos acuse, por eso pedimos la cancelación de esa línea telefónica porque una vez que nos manda a traer la contraloría no nos escuchan y le creen al paciente, cuando la mayoría de veces mienten”, dijo otra enfermera.
Esto contaban afuera de Casa Aguayo mientras esperaban que la líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Patricia Elizabeth Parra Maldonado, saliera de una mesa de dialogo que tuvo con el subsecretario de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Roberto Pedro Martínez.
La representante sindical además de la cancelación del “teléfono rojo”, solicitó la destitución de la dirección de Análisis de la Información de la Contraloría del Gobierno del Estado, Zelma Verónica de la Mora Lascurain, a quien acusó de abuso de autoridad en contra de dos médicos adscritos en San Martin Texmelucan.
Antes de la reunión la líder contó que la funcionaria de la contraloría acusó a los médicos de usurpación de funciones por el intercambio de recetas médicas para prescribir medicamentos a pacientes de urgencias.
También acusó secuestros express en contra de personal médico que es obligado a prestar servicios médicos a integrantes de grupos delictivos tras balaceras o atentados para no llegar a sus centros de trabajo principalmente en zonas en las que aun existe contrabando de huachicol.
Parra Maldonado aseguró que de todos estos incidentes tiene conocimiento la secretaria de Salud, Arely Sánchez, quien no puede darles solución a sus demandas y por eso decidieron manifestarse caminando desde el zócalo hasta la SGG con gritos y pancartas donde exigen seguridad y trato digno.
Por su parte, Arely Sánchez emitió un posicionamiento en donde se comprometió a dar seguimiento a los casos de inseguridad junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Jesús Morales.