En sesión ordinaria de la Comisión Permanente fue dado a conocer el reporte de la Comisión Especial de Diputados que conoció la denuncia de juicio político.
Tras analizar la solicitud de juicio político contra los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, presentada por la titular del órgano garante, Marlene Alonso Meneses, los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado determinaron enviar a la Comisión Instructora de Juicio Político el caso.
Para eso, la secretaria de la Comisión Permanente, Floria María Hernández Hernández, dio lectura al contenido del informe que construyó la Comisión Especial de Diputados tras conocer la denuncia presentada ante el Congreso por Marlene Alonso en su carácter de presidenta del IAIP contra sus compañeros de consejo, en el que destacó que recibieron los documentos y medios de pruebas por parte de ambas partes.
Además se llevaron a cabo audiencias con las personas implicadas las cuales se presentaron desde mayo, y que quedó integrado en el expediente SPP-JP-001/2018.
La solicitud de juicio político contra los comisionados del IAIP fue promovida hace cinco meses, por las acciones ilegales que realizaron David Cabrera y Francisco Morones, al deponer a Malene Alonso como presidenta del órgano garante sin observar que fue designada por el Congreso para fungir como presidenta por un periodo de tres años.
En el reporte recibido por la Comisión Especial que presidió el legislador J. Carmen Corona Pérez, detalló que después de haber requerido documentación y tras agotar todos los medios de prueba necesarios sin que quedara ninguno pendiente por conocer, se determinó integrar el expediente y rendir el informe sobre esta denuncia.
Dicho informe, se notificará a la parte denunciante, que es la presidenta del organismo autónomo, y a su vez remitido a la Comisión Instructora de Juicio Político, que habrá de analizar, verificar los medios de prueba, y dictaminar sobre la existencia de responsabilidad o no de los denunciados, y emitir un acuerdo al respecto, en cumplimiento a lo dispuesto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.