Gire e Inegi ubicaron a Tlaxcala como la tercera entidad con la mayor tasa de violencia obstétrica
Entre 2011 y 2016 el 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió; la mayor proporción de casos reportados se encuentran en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, refieren el último reporte de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2017 -un año después del informe del Inegi- una mujer presentó la primera queja por violencia obstétrica en Tlaxcala contra personal del Hospital General de Calpulalpan y la Secretaría de Salud del Estado (SESA).
De acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de 2013 a agosto de 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solo ha recibido una queja por violencia obstétrica.
La queja CEDHT/TVG/03/2017 fue presentada el 20 de febrero de 2017 y el organismo público autónomo, en ese entonces dirigido por Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, tardó tres años en investigar y cerrar el caso después de acordar con la SESA imponer una sanción contra el y los funcionarios públicos.
Con esto, la CEDH concluyó el asunto el 11 de diciembre de 2020, no emitió la queja correspondiente dirigida al Hospital General de Calpulalpan y la SESA por lo que se perdió la oportunidad para sentar precendente sobre este tipo de violencia aún invisibilizado en Tlaxcala.
Y es que en 2019, la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) clasificó a Tlaxcala como la tercera entidad del país con la mayor proporción de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica en los últimos cinco años, al reportar que 3 casos por cada 10 mujeres embarazadas.
De acuerdo con la ley local se entiende por violencia obstétrica una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud hacia las mujeres embarazadas en labor de parto y puerperio, que constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales y que puede ir del maltrato físico y verbal, hasta prácticas injustificadas de cesáreas, negación de tratamiento o aplicación de métodos anticonceptivos sin consentimiento de la mujer.