Realiza Congreso del Estado de Puebla foro en materia de seguridad donde participaron especialistas en el tema.


Diputados realizaron el foro estatal para Regular el Uso de la Fuerza Pública, que permitirá abrogar la actual “Ley Bala”, que fue implementada en 2014 cuando la policía desalojó de manera violenta habitantes de Chalchihuapan que bloquearon la Autopista Puebla-Atlixco, donde exigieron el regreso del Registro Civil.

El defensor de los derechos Humanos, Jesús Robles Maloof, señaló que el uso de la fuerza pública debe caracterizarse por un aspecto proporcional, que evite escenarios que afecten la integridad de los ciudadanos.

Agregó que en el nuevo marco legal que se hará en el Congreso del Estado de Puebla, se debe tomar en cuenta la opinión de los uniformados que solo obedecen indicaciones de sus superiores.

“Los ciudadanos tenemos que ocupar el espacio público y la autoridad, garantizar el uso proporcional y legítimo de la fuerza publica”, enfatizó.

En tanto, el ex director de la Policía y Doctor en Derecho, Iván Torres Bravo, sentenció que si hay mandos policiacos, derivada en decisiones letales que solo provocarán violaciones a los derechos humanos. Urgió una capacitación a los elementos de seguridad, pero también resaltó que los ciudadanos deben conocer los protocolos de seguridad para entender el desempeño de los uniformados.

Por otra parte, el comandante Bernabé Gallegos, condenó que se criminalice a los policías ante el cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios.

Consideró que debe entenderse el desempeño de los uniformados desde una perspectiva humana, para garantizar un respeto a sus derechos. Mencionó que sino hay un entendimiento al desempeño humano de los policías, se vivirán escenarios como en 2014, que tras el desalojo de los pobladores de Chalchihuapan, hubo varios elementos despedidos.

“Lamento que en el caso de Chalchihuapan hayan sido despedidos los policías y no se fincaran responsabilidades a quien tomó la decisión de la agresión en contra de los manifestantes.

Es por ello, que opino sobre la protección a derechos humanos sobre los mismos policías”.

Los diputados locales tienen hasta el primero de noviembre para plantear el nuevo decreto para regular el uso de la fuerza publica, que recientemente les fue vetada por el gobernador Antonio Gali Fayad. Cabe señalar que mayor capacitación a los elementos de seguridad, obligar a las corporaciones apegarse a los reglamentos de derechos humanos y desarmar a la policía ante escenarios no tan violentos, son algunas conclusiones del foro organizado por diputados locales.

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