La presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata analizó 709 sentencias a nivel nacional e investigó el desempeño del magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez, encargado de revisar el caso de Laura N, víctima de violación.
Rosi Orozco, presidenta de la organización Comisión Unidos contra la Trata A.C. exigió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, investigar el desempeño del magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez, tras detectar 54 asuntos judiciales en los que concedió amparos, revocó sentencias condenatorias y concedió la libertad de personas detenidas por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, violación, corrupción de menores y homicidios.
En rueda de prensa, la ex diputada federal y la activista local Yeny Charrez Carlos de «Mujeres con Poder», señalaron que el análisis de las sentencias emitidas de 2014 a 2016 resaltan esos 54 casos del magistrado encargado de la Sala Penal y Especializada de Justicia para Adolescentes, mismo que lleva el proceso en contra del agresor de Lura N, víctima de violación por el hijo de un empresario textilero del municipio de Mazatecochco, y que acompaña la Comisión Unidos contra la Trata.
Señalaron que estos números representan una anomalía en el sistema de justicia para las mujeres, por lo que las magistradas del Poder Judicial deben ser sororarias con las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.
Lo anterior es solo una parte de la investigación que la Comisión Unidos contra la Trata realizó del análisis de 709 sentencias dictadas del 14 de junio de 2012 al 31 de marzo de 2017 en México. Hallaron que el 81 por ciento de las sentencias por trata de personas son condenatorias, 70 de ellas fueron recurridas y consiguieron la absolución.
En el caso de Tlaxcala, a la fecha se registran solo 15 sentencias condenatorias por el delito de trata de personas y 14 víctimas atendidas; de estas, siete fueron condenatorias, tres en proceso de amparo, tres se confirmaron y en dos se negó el amparo.