Los diputados de las fracciones del PAN, PRI, MC y hasta de Morena, decidieron que la iniciativa del gobernador regresara a revisión a comisiones.
El Congreso de Puebla regresó a la comisión de Procuración de Justicia la reforma enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que busca castigar hasta con 10 años de cárcel a quienes manejen taxis, transporte público y grúas piratas, además de multas de 8 mil 868 pesos hasta los 43 mil 440 pesos.
Ello ocurrió en la sesión del Congreso del Estado, donde la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien señaló en el caso particular del tema de las grúas, que no se explicaban los motivos para castigar el pirajate de estas unidades.
Señaló que al momento del arrastre se podría afectar a los vehículos que contrataron este servicio, que por eso exigió que se regresara el dictamen a la comisión de Procuración de Justicia para un mejor análisis.
“En el cuerpo del dictamen, no se incluye la razón que justifique porque los prestadores de servicios de arrastre o depósitos de vehículos también puedan ser sancionados hasta con los 10 años de cárcel”.
Tras el debate, los diputados sometieron a consideración regresar el tema a la comisión de Procuración de Justicia, pero al momento de los números no cuadraban los votos porque había un empate de 14 a favor y 14 en contra, por eso se aplicó una segunda tanta y al final se decidió con 17 sufragios regresarla al órgano legislativo citado.
Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), además de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sin partido como Arturo de Rosas Cuevas y Marcelo García Almaguer, votaron a favor de que el tema se volviera a discutir en comisiones.
La reforma al artículo 19 del Código Penal de Puebla, fija multas de 8 mil 868 pesos hasta los 43 mil 440 pesos, a quienes manejen taxis, transporte público y grúas piratas, además de prisión de 8 meses hasta 6 años cuando un chofer sea detectado en esta irregularidad.
Las penas llegarán a los diez años de prisión cuando, el chofer maneje alguna unidad en complicidad con algún concesionario.