Hay trabajadores que comenzaron el proceso en 2014 y aún no tienen respuesta, a pesar de que la Ley brinda tres meses para resolución
El Pleno de la LX Legislatura del Congreso de Estado aprobó el envío de un exhorto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP) para que informe el número trámites de trabajadores que iniciaron su proceso de jubilación y están pendientes por dictaminar, así como las causas por las que algunos de éstos no han sido dictaminados.
Al hacer la exposición del Punto de Acuerdo, el diputado Armando García Avendaño, también propuso que se hagan las reformas necesarias a la normatividad administrativa interna con la intención de que el trámite para la expedición de jubilaciones se realice de forma pronta y expedita.
Expuso que hay trabajadores que tienen pendientes desde el año 2014 la dictaminación de su trámite, a pesar de que la Ley indica que deben expedirse en un periodo máximo 120 días naturales, es decir, tres meses.
En otro momento de la orden del día, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar un informe sobre los fundamentos en los que se basaron diferentes autoridades para otorgar las licencias y estudios de impacto ambiental de las dos concesiones mineras más recientes en Tehuacán y Miahuatlán.
Lo anterior, mediante un exhorto dirigido a la Semarnat y la Profepa, así como a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a quienes también pidió que notifiquen qué van a extraer y los procedimientos de los concesionarios para llevar a cabo sus trabajos, así como las medidas que llevan las autoridades para mantener el medio ambiente en las comunidades cercanas a las 283 minas vigentes que actualmente operan en el estado.
Sostuvo que para muchas comunidades resulta difícil acceder a este tipo de información debido a barreras geográficas, burocráticas y de lenguaje.
El punto de acuerdo fue turnado para su análisis y dictaminación a Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Mediante un Punto de Acuerdo diferente, el diputado Valentín Medel Hernández propuso que alrededor de 22 municipios del estado de Puebla realicen las gestiones necesarias con la Secretaría de Seguridad Pública para firmar un convenio de colaboración con lo que se permita garantizar el orden público y la tranquilidad de sus pobladores.
Los municipios incluidos en el Punto de Acuerdo son: Aljojuca, Atzitzintla, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, Guadalupe Victoria, La Fragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Ocotepec, Oriental, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador El Seco, Tepeyahualco, Tlachichuca y Xiutetelco.
El punto de acuerdo fue turnado a Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Asuntos Municipales para su análisis y dictaminación.
Por otro lado, diputada Mónica Lara Chávez, expuso un Punto de Acuerdo mediante el cual solicita que se implementen acciones para prevenir y erradicar la situación de menores de edad que en cruceros y calles son utilizados para mendigar y pedir limosna, mismos que se ponen en peligro ofreciendo algún producto sin compañía de un adulto.
El Punto de Acuerdo, dirigido al Sistema Estatal DIF a través de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla a quien, además, solicitará que canalice de manera inmediata a las instancias competentes los casos que sean detectados como probables delitos.
Sentenció que muchas niñas y niños se ven forzados a pedir dinero en los cruceros y calles, en algunos casos por sus padres quienes los utilizan como anzuelo para mendigar volviéndolos vulnerables al peligro.
La propuesta fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su análisis y dictaminación.
Mientras que el diputado Raúl Espinosa Martínez, en otro momento de la sesión, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al presidente de la República que devuelva con observaciones a la Cámara de origen, el decreto que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad a partir de la cual desaparecerá el Instituto Nacional del Emprendedor.
Explicó que, a dicho organismo público especializado, le fue encargado el fomentar e impulsar la cultura emprendedora; apoyar la creación y consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas; facilitar que más empresas crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes, entre otras acciones, por lo que criticó la iniciativa para que éste desaparezca.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y dictaminación.
Finalmente, el diputado Armando García Avendaño, mediante un Punto de Acuerdo distinto presentado al Pleno del Congreso, propuso que, en el marco de los 70 años de su inauguración, el Congreso del Estado otorgue un reconocimiento a la Escuela Primaria Oficial «Ingeniero Carlos Ismael Betancourt”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictaminación.