Tampoco se identificaron mecanismos de participación para poblaciones con población indígena, así como de otros grupos vulnerables que son excluidos.
Falta de respeto a los derechos políticos de las personas, carencia de equidad de género, escasa inclusión de los pueblos indígenas y exclusión de grupos vulnerables en las discusiones de temas de interés social, colocaron a Puebla en el lugar 25 de 32 entidades del país en cuanto al Índice de Desarrollo Democrático (IDD).
La medición fue elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en colaboración con la Fundación Konrad-Adenauer México, la consultora PoliLat, la Confederación USEM y el Centro de Estudios Políticos y Sociales.
La evaluación estableció una calificación de cero a 10 puntos, en donde la primera cifra implica un escaso grado de desarrollo democrático, y la última señala lo contrario.
De los 32 estados de la República, Puebla se situó en la posición 25 con un puntaje de 3.648 puntos, mientras que en la medición de 2019 la calificación de la entidad fue de 3.007 puntos, por lo que hubo un ligero incremento.
A Puebla la suceden el estado de México, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Morelos y Guerrero, con calificaciones de entre 3.527 y cero puntos, mientras que el promedio nacional fue de 5.434. Yucatán ocupó la primera posición con el mejor IDD, pues logró una calificación de 10 puntos.
El análisis tomó en cuenta cuatro dimensiones, de las que el estado logró una calificación aprobatoria en las que tiene que ver con la democracia en las instituciones y en los ciudadanos, pero reprobó en democracia social y democracia económica.
Los resultados refieren que es necesario fortalecer el respeto a los derechos políticos y libertades civiles de los habitantes del estado, además, identificó que son escasos los mecanismos democráticos en partidos políticos para elegir a sus candidatos.
Las instituciones que elaboraron el informe tampoco identificaron mecanismos de participación para poblaciones con población indígena, así como de otros grupos vulnerables que son excluidos de decisiones de interés social, y escasas estrategias para lograr una equidad de género, pues son pocas las mujeres que ocupan decisiones en puestos de poder.
La evaluación también hizo énfasis en profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad, mientras que en el ámbito legal sugieren mejorar los mecanismos de control.
En materia educativa, se sugirió al estado mejorar la distribución de los recursos para educación y salud, así como incrementar el Producto Interno Bruto, a través de la mejora de la recaudación fiscal.