La petición fue presentada por la diputada de Morena, Patricia Jaramillo con el propósito de atender esa problemática social en la que Tlaxcala no está exenta.
Los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado avalaron un exhorto para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Poder Judicial, y la Comisión Estatal de Seguridad (CES), para evitar y atender el problema de los linchamientos que aquejan a Tlaxcala.
Se destacó que un linchamiento o el intento de cobrar venganza, es reflejo de la crisis en la impartición de justicia, la vulneración de derechos humanos y además afectan el tejido social, según la presentación de la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Jaramillo García.
En la exposición de motivos, la legisladora expuso que una de las causas de linchamiento es la crisis de autoridad, expresada por el incremento de la delincuencia sin castigo o castigo insuficiente, o bien, resultado de la corrupción de jueces, ministerios públicos e integrantes de cuerpos policiacos.
Lo anterior ha derivado en que las personas dejen de creer en las autoridades y decidan tomar la justicia por propia mano, muestra de ello es que de 1988 hasta 2012, en México se cometieron 366 linchamientos, entre consumados y en tentativa, dichas cifras indican que en estos 24 años se cometieron 15.25 linchamientos al año, poco más de uno por mes.
Pero de 2012 al 1 de junio de 2017, el recuento subió a 376 linchamientos; en los últimos cuatro años y cinco meses se habían cometido más linchamientos en el país que en los 24 años previos; este fenómeno se concentra en siete estados: Estado de México, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.
En el caso particular de la entidad, la diputada hizo referencia a los casos de San Pablo del Monte ocurrido el 21 de junio de 2018, y el de Hueyotlipan el pasado 2 de diciembre.
Ante ese panorama, los diputados locales decidieron avalar el exhorto para que las dependencias y el Poder Judicial atiendan en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los actos derivados de sublevación social como reflejo del hartazgo en la afectación de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos como lo es, seguridad pública, pérdida de confianza en las corporaciones de seguridad, así como, en impartición y procuración de justicia.
Además piden que se genere la discusión y el análisis necesarios para reformular acciones preventivas ante actos de linchamiento, procurando contención de posibles actos de sublevación, mediante identificación de puntos de debilidad Institucional, se creen condiciones bajo las cuales puedan mantenerse el orden, la tranquilidad, y la justicia.
Todo lo anterior para lograr combatir el quebrantamiento de la paz pública y restaurar el Estado de Derecho.