La coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, consideró que no hay elementos para aplicar la revocación.
La petición para revocar el mandato de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco por los índices de inseguridad en la ciudad, confrontó al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Acción Nacional (PAN).
El coordinador de los diputados de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, señaló que la petición del legislador del PAN, Oswaldo Jiménez López, es una ocurrencia política ante su pésimo lugar en las preferencias electorales rumbo al 2 de junio.
Señaló que el PAN también debió criticar los problemas de inseguridad en las gestiones que encabezaron Luis Banck Serrato y Antonio Gali Fayad, como alcalde y gobernador de Puebla en los últimos meses.
“Es una ocurrencia desafortunada, es una acción que el PAN debió criticar en su momento con el ex alcalde de Puebla y el ex gobernador Antonio Gali Fayad, cuando la ola de violencia incrementó”.
La respuesta no tardó y el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López, señaló que no puede calificarse como ocurrencia política su petición de revocación de mandato en contra de la edil de Puebla, Oswaldo Jiménez López.
Dijo que con base en datos del INEGI, en el primer trimestre del año, los delitos y percepción de inseguridad aumentaron considerablemente, que por eso urge tomar otras decisiones en el estado de Puebla.
Señaló que el 90 por ciento de adolescentes afirma sentirse inseguro al viajar en el transporte, 75 por ciento del mismo sector escuchó o presenció asaltos, 75 por ciento oyó de vandalismo y 75 por ciento de la población no porta objetos de valor por miedo a sufrir algún tipo de asalto.
Por su parte, la coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, destacó que la revocación de mandato se estipula en el artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal, y no consideró que existan elementos.
Dijo que las causales se enfocan cuando hay declaratoria de incapacidad legal declarada por autoridad competente o los enfocados a un delito federal.