El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado «Universidad de la Salud», que permite la creación de sedes regionales en la entidad, en especial en zonas rurales.

En las modificaciones, se establece como objeto de la universidad la promoción del intercambio docente y estudiantil; fortalece el vínculo de la institución con los sectores público y privado; también le atribuye la emisión de certificados de estudios, constancias, reconocimientos y distinciones especiales y la gestión de títulos.

En sus atribuciones para la universidad, también se considera la realización de trámites para gestionar programas federales; e incorpora dentro de su estructura orgánica una Secretaría Académica, Administrativa, de Planeación, Evaluación y Tecnología de la Información y de Vinculación y Extensión Universitaria.

Además, con las reformas se clarifica que la duración del rectorado será de cuatro años y, dentro de los requisitos para ocupar este cargo se consideran perfiles de administración de servicios de salud o de educación.

Durante la sesión del Congreso, también se aprobó el dictamen para reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de armonizar el ordenamiento con la Constitución federal en materia de transparencia, simplificación administrativa, así como de nepotismo y no reelección.

Con las modificaciones, se incorpora como objeto de las Leyes el reconocimiento, fomento y preservación de los saberes colectivos, así como del patrimonio lingüístico, cultural y natural; también se reconoce como deber de los habitantes de Estado el recibir educación superior, de conformidad con las Leyes y acciones impulsadas por el Gobierno.

De igual forma, se plantea una armonización en materia de nepotismo electoral y no reelección, a fin de prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados locales, así como de miembros de Ayuntamientos.

Mediante el dictamen del Congreso, se establece que las autoridades deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la legislación en la materia.

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