Se aprueba la celebración de sesiones del Consejo de la Judicatura mediante el uso de herramientas tecnológicas.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla aprobó tres acuerdos históricos para ampliar el catálogo de casos urgentes para todas las materias, difundir las versiones públicas de sentencias a fin de transparentar la función judicial y el desahogo de sesiones a distancia del CJ para garantizar la impartición de justicia y el combate a la corrupción, durante el periodo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19.
En primera instancia, se determinó ampliar el catálogo de casos de urgencia señalados en el acuerdo emitido el 18 de marzo, de tal forma que además de las materias Familiar y Penal, se incluyan los asuntos mercantiles y civiles, salvaguardando en todo momento los derechos humanos.
En este sentido, se ordenó que las y los jueces tomen en consideración los aspectos particulares de cada caso, ponderen los derechos humanos en juego y las consecuencias que pudiera traer la espera de conclusión de la contingencia, para calificar si se trata de un caso urgente y actuar en consecuencia.
En franco combate a la opacidad y a la corrupción, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió un acuerdo por el que se ordena la difusión de la totalidad de las versiones públicas de las sentencias que hayan causado estado, protegiendo en todo momento información reservada o confidencial.
Con ello se transparentará el trabajo que realizan las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial y estarán disponibles al público a través de la página http://www.htsjpuebla.gob.mx/.
Además, se aprobó el uso de herramientas electrónicas que permitirán al Consejo de la Judicatura desahogar sesiones a distancia para continuar con el desempeño de sus funciones, en beneficio de la administración de justicia en el Estado.
Con estas acciones, el Poder Judicial refrenda su determinación de emplear nuevos mecanismos y herramientas tecnológicas para privilegiar el respeto a los derechos humanos de los justiciables y salvaguardar la integridad tanto del personal judicial como de los usuarios.