Piden la intervención del Congreso del Estado y piden que el Órgano de Fiscalización Superior presente la denuncia correspondiente por daño al patrimonio municipal ante la PGJE.
Integrantes del cabildo de Quilehtla acusaron al presidente municipal, Oscar Pérez Rojas, de provocar un desfalco financiero por el orden de los siete millones 180 mil 516.89 pesos en la aplicación del gasto público, motivo por el cual exigen al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que presente las denuncias correspondientes para fincar responsabilidad penal al alcalde.
Los cinco regidores del municipio, mencionaron en su escrito que la LXII Legislatura localizó malos manejos en las finanzas de la demarcación, motivo por el cual reprobó la cuenta pública 2017 de la comuna, al localizar un probable daño patrimonial que representa el 17.7 por ciento respecto del presupuesto devengado al 31 de diciembre del año pasado que fue de 52 millones 464 mil 417.38 pesos.
De tal manera, los integrantes del cuerpo edilicio, a más de un mes de la reprobación de la cuenta pública, piden que de manera urgente se informe cuáles son los procedimiento que se han iniciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el daño patrimonial cometido por el edil, con el propósito de que ellos a su vez informar a la ciudadanía sobre ese caso y estar atentos para que no exista impunidad.
Además, informaron que contrario a lo que establece la ley, el alcalde Oscar Pérez no ha convocado a sesiones de cabildo “para tratar los asuntos diversos que son de obligación legal para el buen desempeño de nuestra función como máximo órgano de gobierno municipal, con lo que a su vez está violando los preceptos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, por lo que solicitamos con carácter urgente que convoque a sesión de cabildo y considere los temas antes referidos”.
Agregaron que el desfalco millonario que provocó la mala administración del alcalde de Quilehtla, está plasmado en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2017 y en las observaciones pendientes por solventar que el Órgano de Fiscalización Superior detectó y entregó a los diputados de la pasada legislatura.