Exigen a los integrantes del TET que el caso de la síndica de Totolac se resuelva de fondo y con perspectiva de género.
Representantes de tres asociaciones civiles, integrantes permanentes del Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género en Tlaxcala, señalaron que el magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzi ha obstaculizado la resolución del caso de la síndica del municipio de Totolac, María Elena Conde Pérez además de que su actuación ha sido sin tomar en consideración la perspectiva de género.
Mediante oficio dirigido al presidente del TET, José Lumbreras García piden que en la queja que planteó la síndica municipal de Totolac, en contra de los integrantes del Ayuntamiento por negarle su incorporación al cabildo luego de solicitar permiso tras estar en sospecha de COVID19, no ha sido resuelta de fondo y tampoco se ha reconocido la violencia política de género en el caso.
Por ello, solicitaron que dicho asunto sea resuelto de fondo a la brevedad, ya que “hemos tenido por evidente el descuido cometido por el magistrado instructor”, a quien, incluso señalaron de estar incurriendo en violencia institucional, ya que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así́ como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.”
En ese sentido, también sentenciaron que se trata de un asunto en el que se denuncia violencia política de género, pero el magistrado responsable desde que el asunto le fue radicado, omitió analizar con perspectiva de género y en su evidente descuido, no emitió las medidas cautelares correspondientes a la que estaba obligado, incluso de oficio.
Lo anterior se hizo más evidente durante la sesión del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala en que se ventiló el asunto referido, misma en la que se determinó acumular el asunto con el promovido por una regidora del mismo Ayuntamiento y en la que los otros dos magistrados integrantes del Pleno advirtieron la naturaleza de los hechos expuestos y decidieron, corregir la omisión y emitir las medidas cautelares correspondientes en el acuerdo de acumulación correspondiente.
En ese sentido la consejera social por Tlaxcala en el Inmujeres, Silvia Nava Nava, la presidenta de Mujeres con Poder Yeny Charrez Carlos, y la representante en Tlaxcala de la asociación Nosotrxs Eréndira Jiménez Montiel, sentenciaron que “estamos convencidas de que, en este asunto la única forma de dar certeza y garantía a la actora en cuanto a sus derechos reclamados, es que este asunto se resuelva sin demora alguna, lo cual se vuelve más evidente por el dicho del magistrado responsable de elaborar el proyecto, quien señaló que en tres días lo tendría listo. Retardar la justicia es denegarla y hacerlo, también es violencia; de modo que el retardo injustificado que prevalece en la resolución del asunto podría señalarse como una revictimización de la agraviada, ahora por probable violencia institucional cometida por el magistrado ponente”.
Por eso solicitaron que al resolver, se sancione como corresponde de acuerdo con el nuevo marco jurídico que prevé tanto la configuración de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, como la garantía de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.