Desde que AMLO llegó al poder en diciembre de 2018 suman mil 945 agresiones, entre los cuales se encuentran 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones.
La violencia contra la prensa en México aumentó 85 por ciento en los tres primeros años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al primer trienio del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según el informe anual presentado por la ONG Artículo 19.
El documento destaca también que existe una negativa por parte de la autoridad a reconocer la situación del gremio en el país latinoamericano, que continúa siendo el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
Justamente, “Negación” es el título que este año le ha dado la organización a su reporte anual —que presenta cada año desde 2009— debido a un clima de violencia con ocho periodistas asesinados en lo que va de año y un presidente que niega una y otra vez que en el país que gobierna se violentan los derechos humanos.
“Lo que hemos visto en los últimos años, precisamente, es una tendencia a invisibilizar y a negar problemáticas estructurales que lastiman a la sociedad mexicana como la corrupción, la impunidad y la violencia”, expuso el director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, en entrevista con Efe.
Y de la misma manera en que se observa esta invisibilización —reflejada especialmente en las conferencias de prensa diarias del mandatario—, lo mismo sucede con la violencia contra la prensa, problemática que va en aumento pero que no termina de reconocerse institucionalmente, por lo que tampoco se dan soluciones eficaces.
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Las consecuencias de la negación
La negación se traduce, según el informe, en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital y violaciones a los derechos humanos.
Todas estas problemáticas vulneran la libertad de expresión.
“No es solo la negación, sino las consecuencias de ello, en términos de la denostación de quienes critican, quienes contrastan la información dada desde el poder público”, matizó Maldonado.
Lo anterior queda plasmado, dice, en la sección semanal en las conferencias matutinas desde Palacio Nacional “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, en la que se repasan notas periodísticas en las que se desmiente información supuestamente falsa o crítica con el Gobierno.
“Es preocupante porque la negación se da en todos esos ámbitos y en un contexto en el que desde el discurso público se está distorsionando la realidad, donde se está desinformando y a la vez a quien cuestiona se le está atacando”, consideró el experto.
Incesante crecimiento en las cifras
En cifras, Artículo 19 documentó 644 agresiones contra la prensa en 2021. Es decir, una cada 14 horas.
Además, desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018 suman mil 945 agresiones —entre los cuales se encuentran 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones—, 85 por ciento más que en el primer trienio del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además, en 2021 se registraron por primera vez al menos un ataque a la prensa en cada uno de los 32 estados del país.
El año pasado, las autoridades mexicanas estuvieron vinculadas en dos de cada cinco agresiones contra la prensa.
En el informe “Negación” también se recoge el gasto del Gobierno en publicidad oficial, un “obstáculo” para la “pluralidad mediática”.
Según datos preliminares, tres medios representan el 33 por ciento del total del gasto de comunicación social en la administración de López Obrador. Y los primeros diez medios favorecidos por la publicidad oficial acumulan el 52 por ciento del total de recursos.
Una agenda mínima
En este contexto de urgencia, Artículo 19 propone una “agenda mínima” con iniciativas imprescindibles para cambiar el rumbo del país en torno a la violencia contra la prensa.
Entre estas medidas se encuentran la eliminación del uso “discrecional y arbitrario” de la publicidad oficial como recurso de control de las líneas informativas, la eliminación de restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión, el desarrollo de una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio periodístico o la promoción y garantía del acceso a internet y a la información “sin discriminación”, entre otras.