Guerrero exhibe uno de los mayores registros del país en abusos sexuales, lesiones y homicidios contra las mujeres y embarazos adolescentes
Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que era inconstitucional penalizar el aborto, médicos del estado sureño de Guerrero se negaron a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de nueve años. El caso es el más reciente ejemplo de lo que los defensores del aborto habían advertido después de la histórica decisión judicial: hasta que cada uno de los estados no reforme sus códigos penales, seguirán existiendo obstáculos significativos para el acceso a abortos seguros y legales.
Sólo después de que el caso trascendió a los medios, legisladores estatales, activistas y autoridades sanitarias se involucraron para que la niña recibiera asistencia médica para la interrupción de su embarazo. Guerrero es uno de los 26 estados de México donde aún no se ha acatado la sentencia de la Corte ni se ha avanzado en la aprobación en el Congreso de la reforma del Código Penal estatal para despenalizar el aborto.
En medio de los vacíos legales, Guerrero exhibe uno de los mayores registros del país en abusos sexuales, lesiones y homicidios contra las mujeres y embarazos adolescentes, hechos que se han agravado durante los últimos meses, reconocieron congresistas y activistas consultadas por The Associated Press.
La grave situación que enfrenta Guerrero fue alertada recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que informó que entre enero y noviembre de 2021 se reportaron 16 feminicidios y 112 homicidios dolosos, y en enero pasado ocurrieron cuatro muertes violentas de mujeres. Activistas también han documentado casos similares en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros.
De acuerdo con datos de enero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guerrero estuvo entre los diez primeros estados con la mayor cantidad de casos de homicidio de mujeres, superado sólo por Guanajuato, Yucatán, Baja California, México y Chihuahua.
A mediados de febrero, el estado se vio conmocionado por el caso de una niña de nueve años de la comunidad indígena me’phaa, en la región de la Montaña de Guerrero, que fue presuntamente violada por un primo, también menor de edad.
Sus penurias no terminaron con el abuso. Al quedar embarazada como consecuencia de la violación, la pequeña, que es huérfana de madre, fue llevada por sus abuelos y una tía a la Fiscalía local y posteriormente a un hospital de Chilpancingo, capital del estado, para que le practicaran un aborto, pero los médicos se negaron a realizarle el procedimiento alegando que la salud de la niña podrían ponerse en riesgo debido a que tenía más de doce semanas de embarazo.
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La decisión del hospital desató una fuerte polémica en Guerrero que animó la polarización entre los sectores a favor y en contra del aborto en la que resultó inmersa la familia y la menor. Ante la presión de la opinión pública y la intervención de dos diputadas estatales y una activista que se reunieron con los médicos y autoridades del hospital, la Secretaría de Salud de Guerrero se pronunció a favor de que a la niña se le practicara un aborto el 16 de febrero luego de tres días de ir de un sitio a otro sin lograr una solución a su situación.
Uno de los que estuvo en contra de esa acción fue el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien expresó que “no se puede abortar de ninguna manera porque se debe respetar la vida”. Rangel Mendoza dijo a la AP que el caso de la pequeña responde a “circunstancias socioculturales” que se han registrado por años en Guerrero donde los casos de abuso sexual ocurren dentro de las mismas familias y son ejecutados por los padrastros y hermanos.
El obispo afirmó que la Secretaría de Salud de Guerrero “cometió un asesinato” al autorizar el aborto de la niña. “Se van contra una criatura inocente, y ¿por qué no se fueron contra la persona que la embarazó? ¿Dónde está esa persona?. Va a seguir embarazando niñas”, agregó.
El presunto agresor en este caso aún permanece libre y tiene abierta una carpeta de investigación, indicaron activistas.
A pesar de que en México existe una normativa que establece que los casos de violación sexual requieren atención inmediata, y que hay dos alertas de violencia de género en Guerrero, activistas han documentado en los últimos meses al menos ocho casos de adolescentes y mujeres, una de ellas con discapacidad, a las que les negaron el aborto pese a que denunciaron que su gravidez había sido consecuencia de una violación.