Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam son señalados como autores intelectuales de la tortura a la periodista.
A un año de que se liberaran las órdenes de aprehensión en su contra, el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín; el empresario, Kamel Nacif Borge, y el ex director de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, siguen libres, mientras que Lydia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos, está en el exilio, informó hoy Artículo 19.
Mario Marín y Kamel Nacif y Adolfo Karam son señalados como autores intelectuales de la tortura a la periodista. Hasta hoy ha sido detenido el ex comandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, Juan Sánchez Moreno.
“Cacho fue detenida arbitrariamente el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada en vehículo hasta la ciudad de Puebla, en el trayecto fue torturada por parte de elementos policiales. Las agresiones derivaron de la revelación que hizo la periodista en el libro Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil, sobre una red internacional de delincuencia organizada, encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y niños, de entre 4 y 14 años de edad, en la que se involucran a Nacif y Marín”, recuerda Artículo 19.
Por el delito de tortura, la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, Quintana Roo, giró las órdenes de aprehensión el 11 de abril de 2019.
“El estado actual del proceso de búsqueda de justicia arroja que, por las agresiones, sólo hay dos personas sentenciadas, tres sentenciadas y cuatro prófugas, entre ellas, Marín, Nacif y Karam. Para Lydia Cacho y Artículo 19 es muy claro que no habrá justicia completa mientras los autores intelectuales se mantengan impunes. Aún no se explica cómo Marín y Karam, quienes –según información de diversas fuentes– se encuentran en el estado de Puebla, siguen sin ser detenidos y continúan con la operación sus negocios”, detalla Artículo 19.
La organización señala que durante el año transcurrido desde el libramiento de la orden de captura, se ha mantenido la exigencia de justicia a través de una férrea defensa en los tribunales federales y la comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr la consecución de la ordenes de aprehensión, particularmente en contra de los altos funcionarios y el empresario implicados en la trama que reveló la corrupción existente en el aparato de procuración y administración de justicia.
“El evidente poder corruptor de las redes criminales en el ámbito político y económico operan a favor de los prófugos, procesados y sentenciados, todos defendidos por la misma red de abogados. Artículo 19 exige que el Consejo de la Judicatura Federal se mantenga vigilante de actos de corrupción y amenazas a jueces y magistradas en los procesos entablados contra todos los implicados, así como los juicios de amparo entablados por su defensa pagada por los prófugos. Lydia Cacho y su defensa han demostrado que las redes de corrupción judicial y política siguen operando a favor de los prófugos”.
Los riesgos a la integridad y seguridad de Lydia Cacho persisten, asegura la organización.
Artículo 19 señaló que es urgente y necesario que se cumplan las órdenes de aprehensión contra Karam, Marín y Nacif.