Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y más de 30 organizaciones, entre ellas; egresados de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Asociación Nacional de Mujeres Trabajadoras del PJF, República y Libertad Acá, politólogos, activistas y sociedad civil que integran Contrapeso Ciudadano, promueven que la ciudadanía a través de una consulta popular decida si quiere o no una reforma judicial que contempla la votación de jueces y magistrados en junio del 2025 y 2027.
La pregunta es ¿Está usted de acuerdo en que la designación de las y los juzgadores sea por votación popular directa e insaculación (tómbola) o mediante la designación por carrera judicial, considerando los conocimientos, méritos y trayectoria?
Marisol Rivas Contreras, fundadora de Contrapeso Ciudadano señala a EL UNIVERSAL que el propósito es juntar dos millones de firmas, que es 2% de la lista nominal, para presentarlas ante el Congreso de la Unión, los legisladores lo mandan al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar el número de firmas.
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Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia el análisis y puede replantear la pregunta, entonces el INE debe hacer la convocatoria, poner las urnas y la gente acude a votar para decidir si quiere impartidores de justicia preparados.
La también trabajadora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), explica que para recabar las firmas tienen módulos móviles en puntos estratégicos en las ciudades, además solicitaron al Instituto la aplicación Apoyo Ciudadano–INE para dispositivos móviles y tabletas, están convocando a la sociedad a descargarla para que puedan firmar.
El 15 de octubre, se efectuó el convenio de apoyo y colaboración entre el INE y los promoventes, a efecto de fijar las bases del procedimiento para la captación y verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la consulta popular, a través del uso de la aplicación móvil, Apoyo Ciudadano-INE y el sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos (portal web).
Rivas Contreras destaca que la consulta popular se tiene que realizar el primer domingo de agosto de cada año, “por desgracia ya habrán salido la mitad de los juzgadores, pero la idea es evitar que la otra mitad en 2027, sean personas que no tengan preparación y buscar remover a los que ya estuvieran electos en dado caso de no cumplir con los requisitos de una carrera judicial”.
Cuestionada si el Congreso de la Unión les puede poner trabas, la también abogada dice que no quieren la consulta popular, pero es un derecho. “Queremos que la ciudadanía decida si los jueces deben estar preparados y con carrera judicial, la consulta popular es vinculante para el Ejecutivo y Legislativo si acuden a votar por lo menos 40% de la ciudadanía.
“Entonces… Al ser vinculante la consulta popular, significa que el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a acatar la decisión de los ciudadanos, no lo que ellos digan”, enfatiza.
La abogada abunda que en caso que la consulta sea favorable, el Congreso de la Unión y locales estarían obligados a hacer una nueva reforma a la Constitución, tendrían que derogar la reforma judicial que ya existe, porque estaríamos hablando de un mandato directo de los ciudadanos.
Subraya que en vista de la nula oposición y del descontento que hay con este tema de la reforma, por lo peligroso que puede resultar, están empezando la consulta popular.
Rivas Contreras detalla que presentaron un escrito a la Corte manifestando que solicitaron la consulta popular y la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, respondió mediante un acuerdo, que la facultad de pronunciarse sobre la trascendencia es de ella y que una vez que recopilen las firmas, van a pronunciarse sobre el tema.
(EL UNIVERSAL)
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