El Comité de Transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) clasificó como reservada por cinco años la información de los contratos del software espía Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia isreaeli NSO Group.
Así lo da a conocer esta mañana el diario El Universal, que señaló que la decisión de la Sedena, se da pese a que el pasado 29 de enero el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenó a la institución dar a conocer los contratos con la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del ‘spyware’.
En su resolución, el comité del Ejército consideró que existe un riesgo en dar a conocer los contratos, ya que se trata de información relacionada con la seguridad nacional del país.
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Precisó que se trata de la adquisición de equipo y servicios para generación de inteligencia militar, por lo que existe un riesgo real al respecto.
En ese sentido, dar a conocer la información podría favorecer que miembros de grupos “desafectos al gobierno” o integrantes del crimen organizado “tengan conocimiento de la tecnología que emplea el gobierno para llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad nacional y la seguridad interior del país”.
“Toda vez que la delincuencia organizada, al conocer el equipo para generar inteligencia militar, se pudiera dotar de mejor instrumental para sabotear a las operaciones que se realizan con diversas autoridades de los tres niveles de gobierno”, reseña el diario.
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Por lo tanto, “divulgar los instrumentos contractuales, servicios, capacitación, normas y procedimientos, así como planes, protocolos y tecnología para generar y explotar información que favorece a la inteligencia militar puede poner en riesgo la prevención de delitos como sabotaje, espionaje y terrorismo, además de las amenazas potenciales en contra del gobierno mexicano”.
Para la Sedena, el riesgo de dar a conocer la información es mayor al interés público de conocerla, lo que inclina la llamada “prueba de daño” a favor de la reserva informativa.
De acuerdo con la ley de transparencia, la información se podrá conocer una vez que se extinga el plazo correspondiente, o bien, cuando dejen de concurrir las causas que dieron origen a su reserva.
La resolución dictada por el Inai en enero, bajo la ponencia de la comisionada Josefina Román, señaló que es deber de las autoridades dar a conocer las contrataciones efectuadas con recursos públicos.