Rosario Robles libró una nueva orden de aprehensión en su contra por la Estafa Maestra.
La orden de aprehensión que libró la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) era por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Un juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano rechazó emitirla el pasado 3 de abril en cumplimiento al amparo que le fue concedido a Robles y que había sido confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México.
En ese amparo, la juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Toluca, ordenó reponer el procedimiento para que el juez de control analice nuevamente la solicitud de orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó desde el año 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la Estafa Maestra.
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Con esto, el juez de control podía, libremente, determinar si emitía o no la orden de aprehensión requerida por la FGR.
En este caso, el Ministerio Público Federal señaló Rosario Robles de supuestamente blanquear a través de empresas “factureras” 77 millones 847 mil pesos desviados de la Sedesol a través de contratos pagados a la Universidad Autónoma de Morelos por servicios no realizados.
En el cumplimiento del amparo a favor de Robles, el juez decidió rechazar la petición del ministerio público.
«(El juez de control) adjunta copia de la resolución de 3 de abril del año en curso dictada en la causa 400/2020, por la cual se negó la orden de aprehensión contra María del Rosario Robles Berlanga, por su probable intervención en los hechos con apariencia de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o en encubrir; documental con la que -a su consideración- da cumplimiento a la ejecutoria de amparo», señaló la juez Cuarto de Distrito.
En los próximos días dicha juzgadora deberá analizar si el juez de control cumplió adecuadamente con la sentencia de amparo.
Si la juez tiene por cumplida la sentencia, la exfuncionaria sólo tendría pendiente la resolución del amparo con el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca reactivar el proceso penal por el que Robles fue imputada por primera vez en el año 2019 por ejercicio indebido del servicio público.
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